El esquema de contrabando de combustibles y evasión fiscal, cuyo impacto para las finanzas públicas podría superar los 600 mil millones de pesos, volvió a polarizar al Congreso durante la sesión de la Comisión Permanente. Morena y la oposición intercambiaron acusaciones a partir de la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en un caso que se desarrolla bajo reserva, ya que la audiencia judicial no fue pública.
Desde Morena, legisladores defendieron la actuación de las autoridades y rechazaron que el proceso contra el exmandatario panista responda a motivaciones políticas.
El vocero de la bancada en San Lázaro, Arturo Ávila, sostuvo que la investigación involucra a diversas instituciones y negó que se trate de una “cortina de humo” o un caso de politización de la justicia mexicana.
“Muchos ya sabían que Ruffo Appel es ni más ni menos que el principal, en términos coloquiales, huachicolero de este país… Esta investigación lleva más de un año; participaron el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF e incluso es de interés para la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. ¿De qué hablan?”, afirmó en conferencia de prensa.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que el caso trasciende a una sola persona y apuntó a una presunta red de contrabando, evasión fiscal y falsificación de documentos.
“Nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal de contrabando… Son delitos que deben investigarse con todos los involucrados en la cadena, incluido el corporativo. Si se mete la arista política, también habría que investigar el financiamiento de Somos México y el nacimiento de la alternancia”, declaró.
En ese contexto, Morena anunció que impulsará un exhorto para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiguen el posible financiamiento de campañas del PAN con recursos de procedencia ilícita, así como los presuntos vínculos de Somos México y Marea Rosa con Ernesto Ruffo Appel.
La oposición respondió acusando un uso político de las instituciones de procuración de justicia. La senadora del PAN, Mayuli Martínez, calificó al exgobernador como un “preso político” y cuestionó que las investigaciones no alcancen a funcionarios responsables de las aduanas ni a otros presuntos participantes en la red.
“Es una persecución política… No vemos quién es el responsable de las aduanas ni quiénes más están involucrados. Morena está mostrando de lo que es capaz para conservar el poder”, sostuvo.
En el mismo sentido, la diputada panista Kenia López afirmó que el caso busca desviar la atención de otros problemas nacionales.
“Ernesto es un preso político… El huachicol fiscal requiere de la participación de autoridades municipales, estatales y federales. Es una cortina de humo que ofende la inteligencia de los mexicanos”, aseguró.
El PRI, por su parte, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y centró sus críticas en el procedimiento judicial. Su coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió que se respete el debido proceso y cuestionó que la audiencia de vinculación a proceso se realizara sin acceso al público.
“Exigimos el debido proceso… Nos preocupa que no sean audiencias públicas y que haya decisiones judiciales contradictorias. Que se investigue este y todos los demás casos”, señaló.
Moreira también pidió ampliar las indagatorias sobre el huachicol fiscal y sostuvo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador debe ser citado a declarar, al argumentar que, por la magnitud del fenómeno, el gobierno federal tenía conocimiento de lo que ocurría.
“El asunto de Ruffo, al final de cuentas, es una pequeña parte de lo que significa el famoso escándalo del huachicol. Según autoridades americanas, hasta la tercera parte del combustible que se consume por todos en este país es producto del huachicol o del contrabando o de la extracción ilegal que se hace de ductos. Y esto necesariamente implica que Pemex lo sabe, porque imagínense ustedes que el mercado que es monopolio Pemex un día deja de requerir la tercera parte del combustible punto necesariamente se dieron cuenta o alguien lo estaba produciendo por otro lado y no se estaba consumiendo cosa que sabemos que es imposible. Entonces nosotros exigimos en el caso del señor Rufo el debido proceso la presunción de inocencia pero por otro lado como tú lo dices las investigaciones sobre todo este problema que padece el país y que nos fuera dado de López Obrador Yo agregaría lo que dijo el propio López Obrador: dijo que los presidentes de enteraban de todo lo que pasaba en este país. Eso quiere decir que López Obrador estaba enterado de lo que sucedía en este país y debe ser citado a declarar”, concluyó Moreira Valdez.
Ángel Gallegos