La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar el tipo penal, las sanciones y los criterios de investigación en las 32 entidades federativas.
La propuesta busca eliminar las diferencias que actualmente existen entre los códigos penales estatales. Mientras entidades como Zacatecas y Durango contemplan penas de hasta 20 años de prisión para este delito, Chiapas establece sanciones de hasta 100 años, seguido por Yucatán y Veracruz, donde alcanzan hasta 70 años.
Como parte de la reforma, se crearía un tipo penal único de feminicidio y se fijaría una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, además de criterios homologados para que todas las fiscalías del país investiguen estos casos bajo los mismos parámetros.
Uno de los cambios centrales establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta que las autoridades descarten esa hipótesis.
La iniciativa también incorpora 19 circunstancias agravantes para aumentar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
Asimismo, prevé castigos más severos cuando el responsable sea un servidor público, cuando el crimen implique ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, o existan condiciones que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
El proyecto plantea además que el feminicidio sea imprescriptible, por lo que el delito no perdería vigencia con el paso del tiempo. También prohíbe la aplicación de amnistías, criterios de oportunidad o beneficios que reduzcan las penas impuestas a los responsables.
Como sanciones adicionales, propone la pérdida de derechos sucesorios, de la patria potestad, tutela o custodia de menores para los responsables, así como la destitución e inhabilitación de servidores públicos que incumplan sus obligaciones en la investigación o atención de estos casos.
En materia de atención a víctimas indirectas, la iniciativa contempla apoyo médico y psicológico, asesoría jurídica gratuita, reparación integral del daño y programas específicos para niñas, niños y adolescentes que queden en condición de orfandad a consecuencia de un feminicidio.
Ángel Gallegos