Estados Unidos (19 noviembre 2024).- El presidente electo Donald Trump ratificó su intención de declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense para ayudar en sus planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.
En su plataforma de medios sociales, Truth Social, Trump respondió a una publicación hecha por Tom Fitton, quien dirige el grupo conservador Judicial Watch, y quien escribió que el gobierno de Trump iba a “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para enfrentar la inmigración ilegal “a través de un programa de deportación masiva”.
El Congreso otorgó a los presidentes amplios poderes para declarar emergencias nacionales a su discreción, desbloqueando poderes de reserva que incluyen redirigir fondos que los legisladores habían destinado para otros fines.
En entrevistas con The New York Times durante la campaña de las primarias republicanas, el principal asesor de Trump en política de inmigración, Stephen Miller, dijo que los fondos militares se utilizarían para construir “vastas instalaciones de retención que funcionarían como centros de parada” para los inmigrantes mientras sus casos avanzaban y esperaban a ser trasladados en avión a otros países.
Dijo que el Departamento de Seguridad Nacional gestionaría esas instalaciones.
Uno de los principales impedimentos para la vasta operación de deportación que el equipo de Trump ha prometido en su segundo mandato es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) carece de espacios para retener a un número significativamente mayor de detenidos del que tiene actualmente.
A veces, eso ha ocasionado que se permita que los solicitantes de asilo entren al país mientras esperan las citas en la corte con los jueces de inmigración, una práctica que los críticos ridiculizan al calificarla como “captura y liberación”.
El equipo de Trump cree que esos campamentos podrían permitir al Gobierno acelerar las deportaciones de indocumentados que luchan contra su expulsión del país. La idea es que más personas aceptarían voluntariamente la expulsión en vez de embarcarse en un esfuerzo a largo plazo para permanecer en el país si tuvieran que permanecer encerrados mientras tanto.
La declaración de Trump de una emergencia nacional en la frontera sur en medio de un aumento de los solicitantes de asilo y su reprogramación de fondos militares para su muro fronterizo en 2019 fue una manera de salvar la cara y salir de un enfrentamiento con el Congreso en materia presupuestal que habría ocasionado un cierre del gobierno. Esto originó desafíos legales que no se habían resuelto definitivamente antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo y detuviera la construcción del muro fronterizo.
Además, el equipo planea dejar de expedir documentos que confirmen la ciudadanía, como pasaportes y tarjetas de Seguridad Social, a los bebés nacidos en suelo nacional de padres inmigrantes indocumentados, en un intento de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Trump ya ha dado muestras de su intención de cumplir sus promesas con las designaciones del personal de su próximo gobierno. Nombró a Miller como jefe de gabinete adjunto de su gobierno, con influencia en la política interior. Y Trump dijo que nombraría a Thomas Homan, quien dirigió ICE durante el primer año y medio de su gobierno anterior y fue uno de los primeros partidarios de separar a las familias para disuadir a los migrantes, como el “zar fronterizo” de su próxima gestión.
Con información de The New York Times