Cd de México, Méxio (25 Julio 2019).- El Senado hace un estudio jurídico para determinar la forma de dar marcha atrás a la ampliación de mandato que el congreso estatal de Baja California concedió al gobernador electo Jaime Bonilla.

Este jueves el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, declaró que no sería viable la desaparición de poderes en la entidad, como pretenden lograr algunos legisladores de oposición ante lo que han calificado como un atentado contra la democracia.

“Hasta el momento no hemos encontrado algún elemento firme que nos permita decir que el Senado puede intervenir de tal o cual manera o el propio Congreso”, expuso.

De esta manera, dijo que no es posible interponer una controversia constitucional pues no se ha invadido la esfera de funciones del Senado; Tampoco puede presentar una acción de inconstitucionalidad ya que el Senado no está señalado como actor para el terreno local, a diferencia de lo que sí podría hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un porcentaje de los legisladores locales, las mesas directivas de los partidos políticos o bien la consejería jurídica del Gobierno Federal.

“El Congreso no puede presentar acciones de inconstitucionalidad en materia local, por lo tanto no se ve clara que tengamos esa ruta. En el caso de la desaparición de poderes puede ocurrir cuando no estén funcionando los tres poderes de un estado o se encuentren violaciones graves a la Constitución de estos poderes. No hay una falta de funcionamiento o violaciones generales de los tres poderes del estado. Se está cuestionando solamente a uno de ellos. En las consultas que hemos hecho tampoco queda claro que se pueda establecer la desaparición de poderes”.

Mientras que en el caso del juicio político en contra del gobernador electo así como de los legisladores locales que avalaron la extensión de mandato de 2 a 5 años para Bonilla, Martí Batres detalló que tiene que haber una denuncia de juicio político, la cual se interpone ante la cámara de diputados, y el Senado actúa como jurado de sentencia.

“Si fuera el caso, entonces quienes consideran que debe presentarse un juicio político pueden acudir ante la cámara de diputados hacer la acusación y la sección instructora de la comisión jurisdiccional de la cámara de diputados tendrá que emitir un dictamen y en su caso ser aprobado por el pleno de la cámara de Diputados”.

Finalmente, el legislador remarcó que la Suprema Corte tendrá que dirimir este caso, al haberse realizado la reforma constitucional después de realizada la elección.

-“La Corte lo que tendrá que analizar es la legalidad del momento en que se tomó la decisión de ampliar el plazo de 2 a 5 años (…) La ruta que se ve visible es que algún partido político, si así lo decide, puedo presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la SCJN tendrá que resolverla”

-Lo debería hacer el propio Morena, ¿No?- cuestionaron a Batres.

“Eso ya le corresponde a definirlo cada partido político. Hay 8 fuerzas políticas y alguna lo decide, lo puede hacer”, respondió.

Ángel Gallegos (@gallegoso)