Cd. de México (27 octubre 2026).- El pleno del Senado de la República aprobó la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, como parte del paquete económico para el próximo año.
La propuesta de ingresos contempla recaudar 10.6 billones de pesos, de los cuales más de 6 billones provendrían de impuestos, mientras que se prevé contratar deuda por 1.7 billones de pesos para financiar parte del gasto público. El escenario económico estima un crecimiento del país de entre 1.5 y 2.5 por ciento.
Morena y sus aliados defendieron las medidas al asegurar que no se crean nuevos impuestos ni aumentan las tasas de los ya existentes.
“Los tres forman parte de una responsabilidad compartida entre los tres poderes públicos: establecer disposiciones fiscales claras, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contar con un marco financiero para atender las responsabilidades del Estado mexicano”, argumentó el presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Miguel Ángel Yunes.
En contraste, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y advirtieron sobre los riesgos del endeudamiento y sus posibles efectos en las finanzas públicas y los bolsillos de los mexicanos.
La emecista Alejandra Barrales cuestionó el impacto de las medidas fiscales y alertó sobre el encarecimiento de servicios.
“Esto va a traer un incremento de deuda para las y los mexicanos, y también esta propuesta nos aumenta las obligaciones fiscales, pero una vez más aumenta para los mismos de siempre”, expresó. También advirtió sobre una escalada de precios en distintos servicios del Estado.
Por otra parte, el Senado aprobó una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, propuesta por Morena, para incorporar excepciones al mecanismo de control de las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales.
El senador Emmanuel Reyes defendió la modificación al señalar que busca dar certidumbre a las empresas en un contexto de presiones comerciales internacionales y cambios en las cadenas globales de suministro.
“En este contexto la claridad de la ley no es un detalle técnico, es la diferencia entre decidir invertir aquí o en otro lugar”, subrayó.
Añadió que la medida es congruente con la política industrial del gobierno federal y el Plan México.
La propuesta busca incluir a empresas de la industria automotriz que operan bajo el régimen de depósito fiscal para el ensamble y la fabricación de vehículos.
Debido a esta modificación, la minuta se devolvió a la Cámara de Diputados, que deberá analizar y votar el cambio antes de que pueda concluir el proceso legislativo.
Ángel Gallegos