Cd. de México (04 junio 2026).- El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, presentó un amparo para evitar el bloqueo, cancelación o revocación de sus cuentas bancarias.
Foto: TV Azteca
Contreras Núñez está imputado por Estados Unidos de presuntos vínculos con Los Chapitos, en la misma acusación contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cazarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y cinco mandos policiacos más.
En el amparo que presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el exfuncionario estatal solicita la protección de la ley ante cualquier “orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del aquí quejoso”.
El juez fijó para el próximo 2 de julio la audiencia constitucional.
El recurso fue presentado por el exjefe policíaco el pasado 27 de mayo, el mismo día que cinco de los imputados acudieron a comparecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, y a la que no asistió él.
Foto: Ayuntamiento de Culiacán
Contreras Núñez, apodado Cholo, fue jefe de la policía de Investigación de noviembre de 2022 y hasta febrero de 2026, tiempo durante el cual Estados Unidos señala que recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, permitió que esa facción operara libremente en Sinaloa.
“Entre otros aspectos, CONTRERAS NÚÑEZ ordenó la puesta en libertad de miembros de los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”, señala la acusación del distrito Sur de Nueva York.
La acusación específica que El Cholo, recibía 300 mil pesos mensuales de los hijos de El Chapo.
El exjefe policíaco está imputado por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y podría alcanzar una pena de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Río Doce