Cd. de México (18 mayo 2026).- Dos de los nueve funcionarios señalados por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya de tener vínculos con “Los Chapitos” se entregaron la semana pasada a autoridades estadounidenses en busca de ser testigos cooperantes. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública lo hizo a través de la garita de Nogales en Sonora, mientras que Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas, en Europa.
Foto: RíoDoce
El jueves la presidenta Claudia Sheinbaum exigió a EU nuevamente pruebas de la acusación hecha pública el 29 de abril por la corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha y seis exfuncionarios de su gobierno, uno en funciones de la Fiscalía estatal y dos del Ayuntamiento de Culiacán, y un día después, el viernes 15 de mayo, mientras la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, entregaba medallas por el Día del Maestro, se hizo público que Mérida Sánchez había sido detenido en Arizona y minutos después que Díaz Vega había hecho lo mismo pero en Europa.
Gerardo Mérida Sánchez, general de brigada del Estado Mayor retirado, quien asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023 por recomendación de la Sedena a Rocha, solicitó un amparo el 1 de mayo, dos días después de que la corte del Distrito Sur de Nueva York publicara la acusación que lo vincula a “Los Chapitos” y en la que también están implicados 27 integrantes del grupo delictivo, entre ellos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar.
El amparo para evitar ser detenido y extraditado le fue concedido por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán el día 5, y tendría efectos hasta el 1 de junio de 2026, cuando se celebraría la audiencia constitucional, pero el lunes 11 de mayo, Mérida Sánchez cruzó la garita de Nogales en Sonora y se entregó a las autoridades en Arizona, según publicó el Gabinete Nacional de Seguridad.
Luego de cruzar la frontera, Mérida de 66 años, fue detenido y el 12 de mayo se celebró la audiencia inicial en Tucson, donde el exfuncionario del gobierno de Rubén Rocha escuchó los cargos en su contra: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos.
Los detalles de la detención del militar retirado se conocieron hasta el viernes 15 de mayo, cuando la corte del Distrito Sur de Nueva York publicó los expedientes de la corte de Arizona, en los que se señala su detención, primera comparecencia y orden de traslado, mientras que el Gabinete Nacional de Seguridad informó que Mérida se entregó a Estados Unidos.
Foto: X
En esa misma primera audiencia el juez solicitó su traslado inmediato a Nueva York, donde Mérida tiene abierta la causa penal 1:23−CR−180−KPF, en la que también están imputados Rubén Rocha, el exsecretario general de gobierno y actual senador, Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; los ex jefes de la Policía de Investigación de la FGE, Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez; el ex subdirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y el ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
En Nueva York, Mérida, quien fuera comandante de la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán, la 44 de Miahuatlán, Oaxaca, la 21 de Puebla, y ocupara cargos en las áreas de inteligencia del Estado Mayor de la Presidencia, fuera agregado militar y aéreo en la embajada de México en Chile, director de la Escuela de Inteligencia Militar y secretario de Seguridad en Sinaloa hasta diciembre de 2024, fue recluido en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, donde también se encuentra preso Ismael Zambada García, El Mayo y Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, los dos detenidos cuando él se encontraba en el cargo.
El mismo viernes 15, Mérida, quien solicitó un intérprete y un abogado de oficio, ocupó el banquillo de los acusados en la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, y por los que podría alcanzar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Al general retirado, Estados Unidos lo acusa de haber recibido sobornos de 100 mil dólares mensuales de los Chapitos durante su cargo como secretario de Seguridad en el gobierno de Sinaloa, a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas, no detener a sus miembros, y notificarles las operaciones de las autoridades contra ellos.
Como ejemplo, se menciona que en 2023 advirtió a Los Chapitos sobre redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones.
Su entrega, señalan especialistas, es para colaborar en el caso como testigo protegido, a cambio de reducir su condena.
Foto: RíoDoce
Enrique Díaz, de vacaciones en Irlanda a la corte de NY
Desde que se dio a conocer la acusación que lo liga a “Los Chapitos”, se desconocía el paradero de Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rocha Moya del 1 de noviembre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.
Personas allegadas al empresario inmobiliario, confirmaron que este se encontraba desde hace semanas en Irlanda, y que desde allá envío a abogados a Estados Unidos para negociar ser testigo cooperante en el caso, a cambio de beneficios en su condena.
El viernes 15 de mayo, el mismo día que se supo de la entrega y detención de Mérida, también se conoció que Díaz Vega se había entregado a Estados Unidos en Europa, aun cuando se desconoce en qué país lo hizo.
Hasta el cierre de esta edición, en los registros públicos de la corte de Nueva York no había datos sobre su detención ni de su caso, ni el gobierno de México había emitido ningún comunicado.
Foto: Captura de pantalla
En la novena actualización de la acusación 1:23−CR−180−KPF, a Díaz Vega se le señala de haberse reunido en compañía de Rocha con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar y otros miembros de alto rango del cártel, antes de la elección de 2021, y que el empresario incluso les entregó listas con los nombres y direcciones de los oponentes a Rocha, quien contendía por la gubernatura, para que los Chapitos pudieran intimidarlos y obligarlos a retirarse de la elección.
“Tras estas reuniones, y para ayudar a garantizar la elección de ROCHA MOYA como gobernador de Sinaloa, los líderes de los Chapitos ordenaron a los miembros de los Chapitos y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por ROCHA MOYA. Además, el día de las elecciones, en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, siguiendo órdenes de Iván, sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y, utilizando la lista que DÍAZ había entregado a los líderes de los Chapitos con los oponentes de ROCHA MOYA y sus direcciones, secuestraron a los oponentes de ROCHA MOYA y los intimidaron para que se retiraran de la contienda”, señala.
En dicha elección, Ríodoce publicó que más de 100 operadores del PRI fueron secuestrados por “Los Chapitos” y liberados al término de la jornada.
Una vez en el cargo, añade la acusación, Díaz Vega y Enrique Inzunza, entonces secretario de gobierno, ayudaron a los líderes de “Los Chapitos” a colocar a funcionarios corruptos para proteger sus operaciones de tráfico de drogas y actuaron como enlaces entre los líderes del grupo delictivo y Rocha Moya.
Los cargos de EU contra el exfuncionario sinaloense son conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y de ser hallado culpable, al igual que Mérida, podría alcanzar una pena mínima de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Foto: RíoDoce
Frente a la Unidad de Servicios Estatales, al poniente de Culiacán, el edificio de Housesin Desarrollos, propiedad de Enrique Díaz Vega, domina la plaza comercial. Detrás, en un tercer piso ahora vacío y cubierto de polvo, se forjó el grupo que años después controlaría buena parte del poder político en Sinaloa.
La tercera planta de ese edificio se convirtió en el “búnker”, la casa de campaña de Rubén Rocha Moya en 2018 y 2021, cuando compitió y arrasó en las votaciones para convertirse en senador de la República y luego en gobernador de Sinaloa. La plaza comercial está vinculada al empresario Enrique Díaz Vega.
En ese mismo lugar, comenzó a consolidarse un grupo de jóvenes cercanos al círculo personal y político de Rocha Moya, varios de ellos hijos de amigos del entonces candidato o amigos de sus hijos, quienes después ocuparon cargos en su gobierno.
Ríodoce acudió a las oficinas de Housesin, ahí personal administrativo informó que Díaz Vega no se encontraba en el lugar y que tenía al menos dos meses sin acudir a la oficina. Según la versión proporcionada, el exfuncionario estatal rara vez se presenta en el inmueble.
Foto: X
El exsecretario además de estar ausente en las oficinas, también lo hizo de la vida pública desde su salida del gabinete estatal. Luego de ser señalado en la acusación de EU, no ha emitido posicionamientos ni a través de medios de comunicación ni en redes sociales. Tampoco se le ha visto en actos públicos o actividades empresariales abiertas.
Juan de Dios, por la puerta de atrás
El 29 de abril, Juan de Dios Gámez Mendívil rechazó las acusaciones formuladas por una corte de Estados Unidos a través de un posicionamiento publicado en sus redes sociales, pero al día siguiente pidió licencia.
Desde entonces no ha realizado pronunciamientos públicos ni a través de medios de comunicación ni en sus redes sociales, las cuales permanecen inactivas.
Gámez Mendívil reside en la privada Country Courts, al poniente de Culiacán. De acuerdo con personal de seguridad de la zona residencial consultado por Ríodoce, el alcalde con licencia continúa habitando el inmueble y mantiene entradas y salidas habituales, aunque con menor frecuencia que antes de solicitar licencia. Según los testimonios recabados, suele desplazarse en una camioneta blanca.
Inzunza, el renuente
Tras ser señalado por presuntos nexos con el narcotráfico, Enrique Inzunza Cázarez desapareció de la sesión del Senado donde ya había tomado asistencia y no volvió a aparecer públicamente en espacios abiertos o ante medios de comunicación.
Desde el 29 de abril ha mantenido una defensa pública intermitente a través de redes sociales, donde rechazó las acusaciones, las calificó de ataque político contra Morena y reivindicó públicamente su origen en Badiraguato. En uno de los videos difundidos desde una biblioteca ubicada en esa zona serrana aseguró que no pediría licencia al Senado y que permanecería en funciones.
Insistió públicamente en que permanecía en Sinaloa.
“Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros”, escribió.
Mientras las especulaciones crecían sobre su paradero, su hermano Santiago Inzunza, director general de Cobaes, confirmó a Ríodoce que el senador continuaba entre Culiacán y Batequitas, Badiraguato, donde reside parte de su familia.
“Definitivamente que sí, somos familia, somos hermanos y coincidimos en reuniones familiares como en la del 10 de mayo, en el pueblo de nosotros, en Batequitas. Estuvimos ahí conviviendo con mis padres”, declaró.
Santiago Inzunza aseguró además haber tenido contacto reciente con el senador.
“Sí lo he visto, he platicado con él, desayunos”, dijo.
Foto: X
En las últimas semanas, Enrique Inzunza ha mantenido actividad limitada en redes sociales mediante videos grabados desde una biblioteca ubicada en Batequitas, lo que generó versiones sobre una posible permanencia en esa comunidad serrana. Su hermano confirmó que el inmueble pertenece a sus padres, aunque aseguró que el senador reside habitualmente en Culiacán y sólo visita el poblado.
Ríodoce acudió también a la Casa de Gestión del senador, ubicada en la calle Nicolás Bravo, en el centro de Culiacán. Comerciantes y trabajadores de negocios cercanos aseguraron que el inmueble permanece cerrado desde el 29 de abril.
“Yo sólo vi una vez, y porque vinieron unas personas a decirnos que moviéramos el carro para poner unos conos porque iba a venir el senador. Llegó en una camioneta negra, pero no entró ahí, se cruzó a la casa de enfrente donde viven los dueños del edificio, creo que son familia”, relató uno de los locatarios de la zona.
Trabajadores de una llantera contigua aseguraron que hasta antes de los señalamientos dos mujeres atendían regularmente el inmueble por las mañanas y que algunas personas acudían por despensas. Uno de ellos afirmó que el sábado 2 de mayo fueron retiradas del lugar cientos de cajas en una camioneta doble rodado.
Artículo publicado el 17 de mayo de 2026 en la edición 1216 del semanario Ríodoce.
One comment