Cd. de México (30 junio 2025).- El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen que encendió las alertas de organizaciones civiles, especialistas en derechos humanos y legisladores de oposición: la nueva Ley de la Guardia Nacional, que no solo abroga la legislación vigente, sino que consolida la plena subordinación de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), profundizando la presunta militarización de la seguridad pública en México.
La iniciativa surge como parte de la armonización legislativa derivada de la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, que modificó diversos artículos para redefinir la estructura, operación y control de la Guardia Nacional. Aunque en el discurso oficial se afirma que la Guardia continuará siendo una institución civil con funciones de seguridad pública, los detalles del proyecto legislativo muestran lo contrario: la Guardia Nacional pasará a ser, en los hechos, una rama más de las Fuerzas Armadas permanentes.
Mando militar y jurisdicción castrense
El dictamen establece que la Guardia Nacional estará integrada por personal militar con formación policial, sujeto a la jurisdicción penal militar. Solo el personal técnico y administrativo —de carácter civil— seguirá bajo el régimen de trabajadores al servicio del Estado.
Además, el comandante de la Guardia Nacional deberá tener el grado de General de División en activo, y será designado por el Presidente de la República a propuesta del titular de la SEDENA. Todo su esquema de reclutamiento, grados jerárquicos, licencias, sanciones y disciplina será homologado con el del Ejército y la Fuerza Aérea, diluyendo así cualquier carácter verdaderamente civil de esta corporación.
Consolidación del control de la SEDENA
Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han advertido que se trata de la militarización de la seguridad pública, y subrayan que uno de los puntos más preocupantes es que la Secretaría de la Defensa Nacional asumirá la totalidad del control operativo, administrativo y estratégico de la Guardia Nacional, incluyendo la organización territorial, nombramientos, capacitación, convenios con entidades federativas y el diseño de políticas de seguridad pública. También se le faculta para generar y procesar información de inteligencia, lo que concentra poderes sin precedentes en una sola institución militar.
A través de reformas a al menos ocho leyes, el dictamen profundiza la fusión entre seguridad pública y defensa nacional. La Guardia Nacional será considerada ahora parte de la “Fuerza Armada Permanente”, y sus integrantes estarán sujetos a los mismos códigos de justicia militar que el Ejército y la Fuerza Aérea. Incluso su educación, ascensos, recompensas y seguridad social serán regidos por normas militares.
Riesgos para el equilibrio democrático
Los senadores de oposición advirtieron que el nuevo marco normativo rompe con el principio constitucional que establece la separación entre seguridad pública (civil) y seguridad nacional (militar). En palabras de organismos independientes, esta reforma representa un riesgo grave para los derechos humanos, el control civil del poder armado y la rendición de cuentas, además de una amenaza al federalismo, al centralizar el mando operativo en la SEDENA.
Legisladores de oposición han advertido que se está configurando una fuerza armada con funciones policiacas que opera sin controles civiles independientes, fuera del alcance de auditorías ciudadanas o de los mecanismos de transparencia tradicionales.
Señalaron que la Guardia Nacional pierde su carácter civil para convertirse en un brazo más del Ejército, lo que representa un giro peligroso para la democracia mexicana, acusaron.
“Considerando que el poder Legislativo le otorgó nuevas facultades a las fuerzas armadas, la reforma está Guardia Nacional debería contemplar más mecanismos de rendición de cuentas, además de los que no hemos ejercido; por ejemplo las comisiones bicamerales de seguridad nacional y de seguimiento a la Fuerza Armada Permanente (…) No hay congruencia en esta reforma con las facultades de inteligencia otorgadas a la Guardia Nacional, o que pretenden otorgársele a la guardia nacional con esta reforma, y las que acaba de aprobar la cámara de Diputados y que discutiremos el día de mañana, supuestamente, en la sesión del Pleno. Me explico: la reforma constitucional vigente asigna la conducción en inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero esta reforma lo que pretende hacer -de manera francamente contraria- es darle facultades de inteligencia a la guardia nacional”; alertó el emecista Clemente Castañeda.
Mientras que los legisladores del oficialismo han argumentado que estas reformas buscan fortalecer la seguridad pública con mayor profesionalismo, eficacia y disciplina.
“La oposición no debe de regatear y menos en materia de seguridad pública que vamos a defender estas reformas de la guardia nacional y las ocho reformas que implican la adecuación al marco constitucional Y también vamos a defender el tema de seguridad pública de la secretaría“, advirtió el senador Saúl Monreal.
Pero los panistas desvelaron las incongruencias de Morena, pues antes de llegar al gobierno combatían la militarización de la seguridad pública y se pronunciaban por el fortalecimiento de las policías locales, y hoy son los más férreos defensores del militarismo, como advirtió el panista Enrique Vargas, mostrando videos de políticos como Alejandro Encinas, Mario Delgado, Citlali Hernández, Manuel Bartlett y el propio Andrés Manuel López Obrador criticando antes de 2018 la militarización de la seguridad pública.
“La guardia nacional no puede sola. Que quede bien claro se necesita una coordinación correcta e invertir en las policías municipales en las policiales estatales”, abundó Vargas.
Pero la morenista Lucía Trasviña le respondió con la locuacidad que la caracteriza:
“Quiero decirles que si quieren una Guardia civil los mamados que se van al gimnasio a levantar pesas, en que se conformen en el primer escuadrón de guardia civil y que se vayan al territorio”.
Ángel Gallegos