Cd. de México (28 febrero 2025).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que existía el riesgo de que algunos de los 29 narcotraficantes extraditados fueran liberados en México, o que sus procesos judiciales se siguieran atrasando, ya que algunos de ellos eran requeridos hace 40 años por las autoridades de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que existía el riesgo de que algunos de los 29 narcotraficantes extraditados fueran liberados en México, o que sus procesos judiciales se siguiera atrasando, ya que algunos de ellos eran requeridos hace 40 años por las autoridades de Estados Unidos.
“El Gabinete de Seguridad cuenta con información de que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, aseguró García Harfuch.
En conferencia de medios, donde también estuvieron Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), Harfuch aseguró que el traslado de los capos se realizó en el marco de coordinación con el Gobierno estadounidense.
Para ello, participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de Sedena, Semar, y Guardia Nacional, SSPC, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Detalló que los narcotraficantes recluidos en nueve centros penitenciarios federales contaban con investigaciones por delincuencia organizada; trasiego de fentanilo y otras drogas; lavado de dinero; homicidio; tráfico de armas a nuestro país, secuestro, entre otros delitos en Estados Unidos.
Gertz Manero enfatizó la importancia de respetar los acuerdos internacionales y la legislación mexicana.
Y destacó que cualquier sanción procesal debería regirse por el marco legal vigente y no por decisiones políticas externas.
Pidió no especular respecto de las penas a las que los capos serían acreedores, y subrayó que las sentencias serían impuestas por los jueces y no decididas por el gobierno de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia advirtiera que seis de los mexicanos podrían recibir la pena de muerte.
Agencias