Michoacán(03 septiembre 2026).- Durante décadas, comunidades otomíes y mazahuas del oriente de Michoacán han bebido de los mismos manantiales que ahora señalan como posibles víctimas de contaminación.
La denuncia apunta hacia la Central Geotermoeléctrica Los Azufres, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y cobra fuerza a partir de una investigación científica realizada entre 2021 y 2024, cuyos resultados fueron difundidos en diciembre de 2025.
El estudio “Enfermedad renal crónica: Un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán” documentó la presencia de elementos potencialmente tóxicos en fuentes de agua utilizadas por las comunidades.
Los investigadores analizaron más de 97 manantiales y pozos y encontraron elementos como arsénico, boro, aluminio, hierro, bario y silicio.
Pero el dato que encendió las alertas es que la composición encontrada coincide con características geoquímicas asociadas al campo geotérmico de Los Azufres.
El estudio señala que los resultados sugieren una posible relación con pérdidas de emisión de fluidos de la planta, por lo que plantea la necesidad de realizar inspecciones ambientales para determinar el impacto real de sus operaciones.
“Son miles” los afectados, denuncia el Consejo Indígena
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) sostiene que los hallazgos científicos respaldan lo que habitantes de la zona han denunciado durante años: contaminación de sus fuentes de agua y una creciente presencia de enfermedad renal.
Los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío se encuentran entre los señalados por las comunidades.
De acuerdo con datos retomados por el CSIM, en 56% de los manantiales analizados en Zinapécuaro se encontró al menos un elemento potencialmente tóxico por encima de los límites permisibles. En Hidalgo, el porcentaje reportado es de 35%.
En San Matías El Grande, comunidad otomí de Hidalgo, los pobladores han alertado sobre la presencia de enfermedad renal incluso entre jóvenes y menores de edad.
El vocero del CSIM, Pável Ulianov Guzmán, calcula que tan sólo en esa comunidad existen alrededor de 300 personas afectadas, mientras que al sumar otras localidades de la región la cifra podría ascender a miles.
Para las familias, además de enfrentar la enfermedad existe otro problema: el costo del tratamiento.
El dirigente asegura que una sesión de hemodiálisis puede superar los 2 mil pesos, cantidad que muchas familias no pueden cubrir de manera constante.
Comunidades acusan que CFE no reconoce responsabilidad
El CSIM afirma que durante aproximadamente cinco años ha existido un comité interinstitucional en el que participan autoridades ambientales y sanitarias, además de la CFE, sin que hasta ahora se haya resuelto la problemática.
Las comunidades sostienen que las respuestas comenzaron a llegar después de las movilizaciones realizadas en enero de 2026.
Tras las protestas se instalaron mesas de trabajo y se acordaron acciones como la instalación de unidades de hemodiálisis, entrega de filtros y purificadores de agua y recorridos de inspección con participación de las comunidades.
Pero el Consejo advierte que no esperará indefinidamente.
Si los acuerdos no se cumplen, volverán a las movilizaciones, mientras preparan además acciones legales contra las autoridades responsables.
El CSIM contempla promover amparos para personas afectadas por enfermedad renal y procedimientos ante tribunales administrativos a nombre de las comunidades.
La geotermia tampoco está libre de impactos
El estudio cuestiona además la percepción de que la energía geotérmica es completamente “limpia”.
La investigación señala que la explotación de los recursos geotérmicos puede generar impactos ambientales relacionados con emisiones de gases y líquidos, manejo de residuos tóxicos, derrames y alteraciones en los niveles de agua subterránea.
En las instalaciones de Los Azufres, los investigadores identificaron posibles fuentes de pérdida de fluidos, entre ellas derrames en presas de enfriamiento y goteo constante de válvulas, además de posibles problemas en el manejo de residuos.
También documentaron evidencias de contaminación en las cuencas de los ríos Lerma y Balsas.
Foto: Avispa Midia
La investigación plantea que la coincidencia geográfica entre la planta, las zonas con contaminación detectada y las comunidades con altos índices de enfermedad renal hace indispensable determinar si existe una relación entre ambos fenómenos.
La pregunta que sigue sin respuesta
El estudio no establece por sí mismo que la operación de Los Azufres sea la causa directa de la enfermedad renal. Lo que advierte es que existen indicios ambientales que requieren una investigación formal y exhaustiva.
Por ello, los investigadores plantean inspeccionar la central para identificar las pérdidas de fluidos y dimensionar su impacto.
Mientras tanto, las comunidades siguen esperando una respuesta que vaya más allá de las mesas de diálogo: saber qué está contaminando su agua, qué está enfermando a sus habitantes y quién deberá responder por ello si se confirma el daño.
Con información de Avispa Midia