Cd. de México (21 agosto 2024).- Fueron sentenciados once integrantes del Cártel de Los Zetas, a 50 años de prisión, entre ellos se encuentran los autores intelectuales y materiales del homicidio de 122 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en el 2011.
Las 122 víctimas mencionadas en la investigación fueron bajadas en San Fernando de los autobuses en los que viajaban y posteriormente encontradas en diversas fosas clandestinas.
Entre los condenados están el jefe regional de Los Zetas en el municipio de San Fernando, Martín Omar Estrada de la Mora, “El Kilo”; Juan Pablo Cabrera Escalante, “El Cacharpas”; Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “La Ardilla” y Víctor Cuitláhuac Montoya Torres, “Comandante Degollado.”
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó del delito de homicidio calificado en agravio de las 122 personas, quienes fueron bajadas de los autobuses en los que viajaban, y posteriormente encontradas en diversas fosas clandestinas.
En abril de 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició la indagatoria tras la detención de integrantes del grupo delictivo y en 2015 se ejecutaron órdenes de aprehensión contra varios de ellos en centros de reclusión.
Ante las pruebas presentadas, el juez del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó la sentencia condenatoria.
El resto de los sentenciados son: Luis Manuel Salazar Sánchez, Gordo Flow; Sergio Córdova Martínez, El Diablo; Samuel Moreno Saavedra, El Chiquilín; Erick Rubén Zetina Hernández, El Guacho; José Mauro Oñate Rodríguez, El Vegueta; Jhonny Torres Andrade, El Sombra y Elfego Cruz Martínez.
En 2022, la FGR también obtuvo condenas contra 18 zetas, entre los cuales, hay algunos de los citados y que fueron encontrados responsables de diversos delitos y por el secuestro de migrantes extranjeros.
Las víctimas viajaban a bordo de camiones de pasajeros que transitaban por territorio tamaulipeco y pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos para buscar trabajo.
Una vez que los privaban de su libertad, los obligaban a trabajar para la organización para llevar a cabo diversos delitos y enfrentar al Cártel del Golfo y a grupos rivales.
Los que se negaban a “cooperar”, eran ejecutados y sus cuerpos eran abandonados en fosas clandestinas. En su momento, la PGR localizó 193 cuerpos en fosas. Todos eran extranjeros.
Con información de Milenio