Ciudad de México, México (30 de diciembre de 2019).- Luego de que Jeanine Añez, Presidenta interina de Bolivia declarara este lunes personas no gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, junto a un grupo de funcionarios, a los que se dio 72 horas para dejar el país tras un reciente incidente, el Gobierno de España decidió expulsar a tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid.

La medida llega después de que Bolivia denunciara el viernes que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de “encapuchados” a la residencia de Mercado, que acoge a algunos antiguos ministros de la etapa del expresidente Evo Morales procesados por acusaciones como terrorismo.

“Este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia”, aseguró la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en una comparecencia en Palacio de Gobierno de la Paz.

El Gobierno boliviano acusó el pasado viernes a la Embajada de España en La Paz de cometer “atropellos” a su soberanía por el incidente en el que al parecer funcionarios de esa delegación diplomática iban en vehículos oficiales “encapuchados” y “presumiblemente armados”.

El Ejecutivo interino aseguró entonces que intentaron ingresar de forma “clandestina” a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, que alberga alrededor de una decena de exautoridades de Evo Morales.

El suceso fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca y Javier Zavaleta, quienes junto a otros exfuncionarios aguardan un salvoconducto que les permita acogerse al asilo en México.

La vigilancia policial en las dependencias de la embajada y la residencia mexicanas continúa, mientras que el Gobierno interino boliviano ha justificado esa acción con base en pedidos de la Embajada de México para redoblar la vigilancia y tras considerar el riesgo de una protesta social para retirar por la fuerza a algunos funcionarios del Gobierno de Morales.

Con información de El País