Fue el pasado 29 de abril de 2026, cuando Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de una acusación formal en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del estado de Sinaloa, y otros nueve funcionarios gubernamentales y policiales, actuales y anteriores, por delitos de tráfico de narcóticos y relacionados con armas