Cd. de México (25 septiembre 2026).- A días de que el Congreso de la Unión discuta el paquete económico para 2027, la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley de Inversión Extranjera abrió un debate entre legisladores por la incorporación de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).
El artículo 23 del proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley de inversión extranjera se analizará en las comisiones unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, y señala que la Comisión se integra por las personas titulares de las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de la Defensa Nacional; Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Hacienda y Crédito Público; de Bienestar; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Previsión Social, así como de Turismo y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones quienes podrán designar a una persona suplente, la cual deberá ser titular de una Subsecretaría o su equivalente. Asimismo, se podrá invitar a participar en las sesiones de la Comisión a aquellas autoridades y personas representantes de los sectores privado y social que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrán voz, pero no voto.
La propuesta plantea así incorporar a las personas titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana a la Comisión, con voz y voto. También contempla que, cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional, participen con con su opinión los representantes de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la UIF.
La iniciativa además crea un procedimiento especial de escrutinio para determinadas inversiones extranjeras que impliquen una participación superior al 49% de una sociedad mexicana y superen el monto que determine la Comisión, particularmente en infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales, seguridad alimentaria y acceso a información sensible.
La senadora del PRI, Claudia Anaya reconoció que la reforma busca atender riesgos vinculados con la seguridad nacional, pero advirtió que algunos conceptos deben quedar definidos con mayor precisión para evitar márgenes de discrecionalidad.
“Es una modificación a la ley de inversión extranjera. Es para ampliar no solamente los integrantes del Consejo de Inversión Extranjera, van a meter a la Marina, al ejército, a la Secretaría de Seguridad Pública con voz y voto y como invitados estaría la FGR, la UIF y CNI”, explicó.
Anaya señaló que la discusión responde también a sectores considerados estratégicos o sensibles, como telecomunicaciones, inteligencia artificial, satélites, infraestructura ferroviaria y energía.
Su principal objeción, dijo, está en la redacción de algunas facultades. Advirtió que el proyecto incluye referencias a “todas las demás análogas que considere pertinente”, así como atribuciones adicionales que podrían definirse mediante reglamentos y lineamientos.
“¿Son estas o son más? Tiene que haber claridad y certeza jurídica. (…) Tiene que ser puntual y preciso saber qué clases de decisiones va a estar tomando este consejo en donde está el ejército de la Marina y seguridad pública”, planteó.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales también cuestionó que las Fuerzas Armadas tengan una participación permanente en las decisiones sobre inversión extranjera.
“Nos preocupa que lo que estamos conociendo hasta ahora de la propuesta que nos llega del gobierno es que ahora se trata de poner en manos de los militares la inversión extranjera”, sostuvo.
Barrales consideró que la participación de las áreas de seguridad puede justificarse cuando exista un riesgo específico, pero cuestionó que se establezca como una atribución permanente.
“Nos parece que es importante, pero en casos muy específicos y una vez que se determine un grado de riesgo”, afirmó.
Las legisladoras también vincularon su preocupación con los casos de presunta corrupción que han involucrado a integrantes de la Marina. En particular, mencionaron las investigaciones por el llamado huachicol fiscal y los señalamientos relacionados con familiares del exsecretario de Marina Rafael Ojeda.
La cifra de hasta 600 mil millones de pesos corresponde a una estimación presentada en 2025 por la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre el posible daño al erario derivado del contrabando de combustibles.
Anaya Mota sostuvo que, antes de ampliar las atribuciones administrativas de las Fuerzas Armadas, deben establecerse mecanismos de control.
“Sí, efectivamente, cada día le estamos dando más facultades administrativas a las Fuerzas Armadas y eso no está bien y no es lo más ortodoxo en la administración pública. Deben los civiles hacerse cargo de su administración. Y las fuerzas Armadas están concebidas ideológicamente solo para temas de seguridad y y defensa nacional. No es lo idóneo meterlas a todo. Menos aún, y este es el tema que yo me refiero a lo coyuntural y circunstancial, cuando los has tiznado de la sospecha. ¿A qué me refiero? Al tema del huachico el fiscal. La Marina está embarrada en el robo del siglo, más de 600.000 millones de pesos, en una red de tráfico de hidrocarburos. Y no hay sancionados al respecto. Es una carpeta de averiguación que empieza en 2019, estamos a 2026 y ni siquiera el entramado se ha desarrollado de manera completa, pero sabemos que hay participación de integrantes de la Marina. ¿Y te los llevas a una mesa de decisión de temas de esta naturaleza en donde pueden seguirse embarrando de corrupción?
Esas son preocupaciones auténticas, sustentadas en realidades que estamos viviendo en este país. ¿Cuáles son los mecanismos de control que vamos a tener para esos integragrantes de esa comisión? ¿Sí me explico? O sea, son temas tan importantes que cómo lo soltamos ahora así. Entonces, sí, me parece que hay cosas que tenemos que precisar, ajustar, detallar y meter mecanismos de control”, concluyo Anaya Mota.
La iniciativa permanece en proceso legislativo, por lo que su contenido puede modificarse durante la discusión en comisiones y posteriormente en el Pleno.
Ángel Gallegos