Cd. de México (05 agosto 2026). – El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, acusó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de violar la Constitución al atribuir a la presidenta Claudia Sheinbaum la entrega de recursos del programa de becas Rita Cetina, al considerar que se trata de una promoción personalizada prohibida por la ley.
La polémica surgió luego de que el titular de la SEP difundiera un video en redes sociales para informar el inicio de los depósitos de la beca dirigida a estudiantes de primaria de escuelas públicas.
En el mensaje, Delgado afirmó que el apoyo económico “se los manda la presidenta”, expresión que fue cuestionada por la oposición.
Anaya sostuvo que esa declaración contraviene el artículo 134 de la Constitución, el cual establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y prohíbe el uso de recursos públicos para promover de manera personalizada a servidores públicos.
En entrevista, el legislador panista afirmó que el programa social no constituye un beneficio otorgado por la titular del Ejecutivo, sino un derecho financiado con recursos públicos provenientes de los contribuyentes.
“Violó la ley, no hay ninguna duda. Es más, violó la Constitución. En la propia Constitución está establecido que no se puede hacer promoción personalizada. Decirle a la gente que el dinero se los manda la presidenta de la República viola la ley, pero además es mentira; el dinero lo pagamos con nuestros impuestos… Esto es una violación gravísima de la ley”, declaró.
El senador también cuestionó que, a su juicio, no habrá consecuencias para el funcionario.
“Claro, en este caso ninguna autoridad va a intervenir porque el señor es de Morena; esa es la realidad de la que nos encontramos”, agregó.
El artículo 134 constitucional dispone que la comunicación social de los entes públicos debe tener fines exclusivamente informativos, educativos o de orientación social, sin incluir elementos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La interpretación y eventual determinación sobre posibles infracciones corresponde a las autoridades electorales y, en su caso, a los órganos competentes.
Ángel Gallegos