Vícam, Sonora (23 de mayo 2026).- El Instituto Federal de Defensoría Pública, inauguró una nueva Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en la Universidad del Pueblo Yaqui, ubicada en Vícam Pueblo, Guaymas, Sonora.
El objetivo es fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y de personas históricamente excluidas de los servicios jurídicos en el país.
La nueva sede consolida un modelo de defensa pública con enfoque intercultural, que reconoce la diversidad lingüística, cultural y comunitaria de México.
Con este espacio, el Instituto Federal de Defensoría Pública busca garantizar atención cercana, gratuita y con pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, particularmente del Pueblo Yaqui.
“Una justicia que camine con su gente”
El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, destacó que esta sede permitirá acercar servicios de asesoría y representación jurídica a comunidades indígenas desde una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad. Contará con personal capacitado para brindar atención respetuosa de las lenguas, tradiciones y sistemas normativos propios de los pueblos originarios.
“Una justicia que no camina con su gente o no reconoce el lenguaje de su comunidad, es perezosa. Nuestra justicia era ciega porque no reconocía a todas las personas, era una justicia ausente porque se olvidó de los pueblos originarios, pero hay una luz, un puente que comenzamos a construir.”, afirmó Rubio Chávez.
Catalina Ramírez Hernández, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial, afirmó que con esta Casa Intercultural “se abre una puerta para que muchas personas puedan sentirse escuchadas y defendidas con dignidad”.
“Para muchas comunidades la justicia se sintió lejana, esto no debería pasar nunca por hablar una lengua indígena, la justicia debe abrazar a todas las personas por igual”, señaló. Reconoció al personal del Instituto Federal de Defensoría Pública”porque defender no sólo implica reconocer la ley sino acompañar a quienes más lo necesitan”.
Las personas usuarias podrán recibir orientación jurídica, acompañamiento y representación legal gratuita en diversas materias, con atención sensible a las particularidades culturales y sociales de cada comunidad.
El trabajo coordinado con autoridades tradicionales, instituciones educativas y organismos públicos permitirá fortalecer una red de apoyo comunitario en favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Redacción.