Cd. de México (03 mayo 2026).- La senadora Paloma Sánchez aseguró que la salida del gobernador Rubén Rocha Moya no resolverá la crisis de violencia en Sinaloa, al señalar que persiste una “narcoguerra” con miles de víctimas.
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La legisladora afirmó que el cambio en el gobierno no modifica la estructura que mantiene la inseguridad en el estado. Describió un panorama crítico, donde aseguró que se han registrado más de 2,000 homicidios y más de 3,000 personas desaparecidas en apenas 60 días.
Paloma Sánchez calificó a Sinaloa como una “zona de guerra”, donde el miedo impacta la vida cotidiana y la actividad económica.
Además, sostuvo que la salida del exmandatario no fue voluntaria, sino resultado de presiones externas. Incluso, sugirió que la decisión ocurrió tras información internacional sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
La senadora expresó también su preocupación sobre el futuro legal de Rocha Moya, al advertir que su renuncia podría buscar evitar acciones judiciales. Y criticó el nombramiento del nuevo gobierno interino, al considerar que proviene del mismo grupo político.
“Hay que evitar que se nos escape”, señaló al referirse a Rocha Moya.
Afirmó que defender al exgobernador envía un “mal mensaje” y representa complicidad con la situación actual. Extendió sus críticas a Morena, al cual acusó de mantener un sistema que no garantiza la seguridad.
También vinculó la crisis a otros funcionarios locales, como el alcalde de Culiacán.
Insistió en que la prioridad debe ser restablecer la seguridad y romper con prácticas del pasado. Por ello, advirtió que, sin cambios estructurales, la salida de Rocha Moya será solo un movimiento político sin impacto real en la paz del estado.
El pasado 2 de mayo de 2026, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia temporal solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante una sesión extraordinaria, los diputados locales avalaron la petición del mandatario morenista para separarse del cargo mientras se desarrollan las investigaciones en su contra.
Tras la votación, el expediente fue turnado a las comisiones correspondientes, lo que derivó en el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, en un intento por mantener la gobernabilidad en un estado severamente castigado por la violencia.
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