Ciudad de México (29 de abril de 2026).- El alcalde de Culiacán, el exsecretario de seguridad estatal, funcionarios de la Fiscalía y de las policías estatal y municipal de Culiacán recibían sobornos de hasta 300 mil pesos mensuales de los Chapitos, señala la acusación presentada contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve personas más en la corte de Nueva York.
El alcalde de Culiacán, funcionarios de la Fiscalía y de las policías estatal y municipal de Culiacán recibían sobornos de hasta 300 mil pesos mensuales de los Chapitos, señala la acusación presentada contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve personas más en la corte de Nueva York.
La acusación establece que el jefe de plaza de los Chapitos, en Culiacán, cada mes recibía de los líderes del cartel una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos y de la cantidad que se debe pagar a cada uno en concepto de sobornos. Menciona que en la investigación obtuvieron las listas de los funcionarios que recibían sobornos y los montos.
El documento señala que quienes recibían sobornos son el alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez; el vicefiscal general del Estado, Dámaso Castro Saavedra; los exdirectores de la Policía Investigadora del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés y Jorge Contreras Núñez; el exsubdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
De Gámez Mendívil, no detalla qué cantidad, pero asegura que recibía sobornos para permitir a los Chapitos operar en Culiacán sin interferencia del gobierno, proteger las operaciones de tráfico de drogas y a los miembros de los Chapitos de ser detenidos.
Del exsecretario de Seguridad, Mérida Sánchez, asegura que recibía 100 mil dólares estadounidenses y en 2023, o alrededor de ese año, advirtió a los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a los Chapitos evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones.
Detalla que Dámaso Castro aparece en la lista con el seudónimo “Culiacán Regio”, y recibía mensualmente 200 mil pesos a cambio de proteger a los miembros de los Chapitos para que no fueran detenidos e informar de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos, incluidas informaciones sobre operaciones de las fuerzas del orden público dirigidas contra los laboratorios de drogas y los miembros de los Chapitos, de modo que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones.
Menciona que Almanza Avilés, mientras fue director; y después su sucesor, Contreras Núñez, identificados como “R1”, recibían 300 mil pesos al mes.
Establece que Almanza Avilés libró órdenes de detención contra los enemigos de los Chapitos cuando estos se lo solicitaron y permitió que se transportaran, a través de Sinaloa, cargamentos de productos químicos utilizados en la producción del fentanilo; y Contreras Núñez ordenó la puesta en libertad de miembros de los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas.
Dionisio Hipólito, denominado como “Tornado” en las listas, recibía 100 mil pesos y a cambio les permitió operar sin interferencia y colocó a agentes de la policía estatal en la nómina de los Chapitos; y Valenzuela Millán, identificado como “Juanito”, recibía 30 mil pesos cada mes, y concedió a los Chapitos acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizó a los agentes y los recursos de dicha fuerza policial para ayudar a traficar con drogas y mantener su dominio sobre Culiacán, incluido el secuestro, la detención y/o el asesinato de enemigos de los Chapitos.
RIODOCE