Cd. de México (13 enero 2026).- La organización internacional Artículo 19 condenó el asesinato de Carlos Castro, ocurrido el 8 de enero, en Poza Rica, Veracruz, así como la desaparición de dos mujeres cercanas al periodista de nota roja.

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Artículo 19 alertó que Wendy Arantza Portilla Ramos, de 23 años, y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, de 22, fueron vistas por última vez hace más de 48 horas, posterior al sepelio de Carlos Castro, realizado en el panteón Jardines el pasado 10 de enero.

Ante la desaparición de Wendy Arantza, novia del periodista, y de Karime Monserrat, amiga de ambos, las autoridades han señalado que los familiares interpusieron una denuncia y que la Fiscalía General del Estado (FGE) “está dando seguimiento” a este hecho.

Artículo 19 exigió a la FGE, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno de México que haya una coordinación efectiva para encontrar con vida a estas dos personas.

Además, urgió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) coordinarse con el Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras y Periodistas para otorgar medidas que garanticen la seguridad no sólo de la familia y colegas de Carlos Castro, sino de los familiares de Wendy Arantza y Karime Monserrat.

En cuanto al asesinato del periodista, de 25 años, urgió a la FGE investigar de manera “diligente y expedita” su homicidio ejecutado por dos sujetos que lo atacaron con armas de fuego en un establecimiento de comida ubicado en la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica.

Además, solicitó en este caso aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión, ya que se presume que la muerte de Castro, director del portal digital Código Norte Veracruz fue debido a su labor periodística al haber recibido previas amenazas e intimidaciones.

Castro especializaba sus coberturas en temas de inseguridad, por lo que, según Artículo 19, fue víctima de intimidaciones por parte de policías municipales en 2024, lo que le hizo acreedor de medidas de protección por parte de CEAPP, las cuales “incluyeron rondines a su domicilio, una cámara GoPro, así como un proceso de mediación con autoridades locales”.

No obstante, las medidas concluyeron meses después, apuntó el documento de la organización, que argumentó que el comunicador decidió salir de Poza Rica luego de haber recibido otra amenaza en 2024 y que regresó a dicho municipio en los últimos meses de 2025.

Al momento, la CEAPP y la FGE mantienen abierta una carpeta de investigación con “todas las líneas abiertas” sobre este caso que se desarrolló en Veracruz, el estado con más periodistas asesinados en el país, con 32 casos, los cuáles, apuntó Artículo 19,se mantienen aún en la impunidad”.

EFE

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