Cd. de México (28 junio 2025).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional (AI) expresaron su profunda preocupación ante la aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), así como de las reformas a otras leyes en materia de seguridad pública e inteligencia. Ambos organismos coincidieron en que estas
modicaciones representan un riesgo para los derechos humanos y la vida democrática del país.
De acuerdo con la ONU-DH, la nueva legislación consolida la naturaleza militar de la Guardia Nacional y otorga a sus elementos funciones amplias en labores de investigación e inteligencia, sin establecer mecanismos efectivos de control ni rendición de cuentas.
Entre los puntos más preocupantes, la ONU destaca que el Ejército podría obtener acceso sin supervisión suciente a información sensible, como datos biométricos, scales y telefónicos, lo cual pone en riesgo el derecho a la privacidad, protegido por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, la Oficina recordó que la seguridad pública debe mantenerse bajo control civil, y exigió que cualquier reforma en la materia se someta a un análisis amplio y democrático, con apego a los derechos humanos.
Dentro de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, se contempla que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) coordinen una plataforma tecnológica capaz de cruzar información de bases de datos públicas y privadas. Esta herramienta se usaría para combatir delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio y secuestro.
Sin embargo, la ONU-DH advirtió que, sin salvaguardas adecuadas, este modelo podría derivar en abusos, vigilancia ilegal o violaciones a derechos fundamentales.
Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que las reformas abren la puerta a que integrantes de la Guardia Nacional soliciten licencia para contender por cargos de elección popular, lo que representa un peligro de que las fuerzas armadas adquieran un papel político indebido y condicionen el rumbo del país.
También subrayó el riesgo de que elementos de la GN tengan acceso anticipado a pruebas en casos penales, lo que podría derivar en manipulaciones, encubrimientos o impunidad ante violaciones cometidas por militares.
Amnistía llamó al Senado de la República a detener el avance de estas reformas y a evaluarlas bajo la óptica de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El proyecto de la nueva Ley de la Guardia Nacional fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados con 349 votos a favor, 132 en contra y ninguna abstención. Ahora, será el Senado quien deberá revisar su contenido, con posibilidad de modificarlo o ratificarlo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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