Cd. de México (11 junio 2025).- El gobierno de Donald Trump ha intensificado su presión sobre México para investigar y procesar a políticos, presuntamente vinculados con el crimen organizado; también pide su extradición a Estados Unidos si existen cargos en su contra.

Dichas exigencias han sido expresadas en más de una ocasión, directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su equipo, en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos.

Los planteamientos buscan que la administración de Claudia Sheinbaum emprenda una ofensiva directa contra la narcocorrupción.

La petición inicial fue planteada el 27 de febrero en Washington, durante un encuentro entre Marco Rubio y el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

También estuvieron presentes Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, así como Funcionarios del Departamento de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Nacional. Además de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de México y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Los funcionarios estadounidenses pidieron acciones contra varios políticos del propio Morena y amenazaron con imponer más aranceles si México no tomaba medidas.

Ni las instituciones mexicanas ni estadounidenses involucradas han emitido comentarios públicos sobre dichas reuniones y pláticas.

Sin embargo, México ya extraditó a 29 miembros de cárteles en febrero, lo que se considera la entrega más grande en años. También se discutió la posibilidad de agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.

Como parte de las discusiones, se planteó la idea de nombrar a un zar del fentanilo en Estados Unidos para comunicarse con Sheinbaum sobre el progreso y combate al opioide sintético. Además, se presionó para realizar inspecciones exhaustivas de cargamentos en la frontera entre ambos países.

En México, la FGR es un órgano autónomo. Además, gobernadores y legisladores federales cuentan con fuero constitucional. Para que sean juzgados por delitos como narcotráfico, debe autorizarlo el Congreso.

Aunque Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado o pruebas en su contra. Según dos fuentes, se mencionó a cinco funcionarios actuales de Morena y a un exsenador, entre ellos, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

Marina del Pilar Ávila anunció en sus redes sociales que Estados Unidos le había revocado las visas de turista a ella y a su esposo. No explicó el motivo y afirmó que la cancelación de la visa era “una injusticia”.

Estados Unidos ha acusado antes a México de proteger a políticos con presuntos nexos con cárteles. Si bien en ocasiones se les ha arrestado y procesado por corrupción en Estados Unidos, esto solo ha ocurrido después de dejar el cargo.

En 2020, con la detención del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA.

La captura tensó la relación bilateral y detuvo la cooperación entre ambas naciones en materia de delitos de narcotráfico. Poco después, Estados Unidos retiró los cargos y lo repatrió. En México no enfrentó ningún proceso judicial.

Redacción