Cd. de México (25 marzo 2025).- De acuerdo al testimonio de Roberto “N”, en el 2023 junto con otras 70 personas respondió a la convocatoria que hizo el gobierno municipal que encabezaba Norma Otilia Hernández Martínez para conseguir una visa temporal de trabajo en los Estados Unidos y la Universidad Autónoma de Guerrero, pero presuntamente fueron llevados al Rancho Izaguirre, donde según versiones periodísticas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba y adiestraba a sicarios. El lugar también sería un crematorio para deshacer rastro de enemigos o plagiados, aunque según el denunciante, no se percató de algún hecho escabroso y tampoco fue víctima.
El testimonio, en el noticiero de Radio Fórmula que conduce Azucena Uresti por las mañanas, el miércoles 19, fue de un hombre que dijo se originario de la capital del estado y explicó que en 2023 respondió a una convocatoria que emitió el Ayuntamiento en colaboración con la UAGro.
En su testimonio, Roberto señaló que viajó con otras 70 personas hasta ese rancho en Jalisco, “estuvimos en condiciones difíciles, porque aquí (en Chilpancingo), nos habían dicho una cosa y estando allá las cosas cambiaron demasiado”.
Les dijeron que iban a viajar a Guanajuato y llegaron de madrugada, pero al Rancho Izaguirre que está en Jalisco y los reclutadores les dijeron que iban a estar un año en ese sitio y “que si nos portábamos bien íbamos a tener esa visa, cuando en Chilpancingo nos dijeron que era un mes de capacitación”.
Ante la inconformidad de algunos reclutados, les indicaron que si se querían regresar sería por su cuenta y los llevaron a unos dormitorios donde había hombres de Veracruz, Coahuila, Estado de México, entre otros, “alrededor de unas 500 personas de distintos lugares”.
Ofrecieron sueldos semanales de 5 mil a 6 mil pesos, no podían salir del rancho y tampoco podían dialogar con nadie “o habría consecuencias y les darían de baja”; los llevaban a trabajar en campos de fresa.
Roberto narró que una noche llegaron hombres armados al rancho queriéndose llevar a dos de sus compañeros, “los golpearon y nos amenazaron; nos dijeron que nos pusiéramos vergas porque no estábamos en Guerrero, que estábamos en Jalisco y que ahí ellos mandaban”.
Agregó que “sabíamos que no estábamos en un lugar seguro; pedimos auxilio y mandaron un autobús desde Chilpancingo y no todos logramos salir”. También que luego de ver las imágenes del Rancho Izaguirre en televisión, está seguro que es donde ellos estuvieron, pero que no atestiguó ningún hecho delictivo. No vio entrenamiento tipo militar; tampoco a presuntos maleantes preparándose para cometer delitos. Crímenes, menos.
Rechazo de los involucrados
Las autoridades universitarias reaccionaron de inmediato a la información difundida con gran estruendo por la radiodifusora asentada en la capital del país a través de un comunicado, precisando que “sobre el presunto reclutamiento de personas en Chilpancingo y que posteriormente fueron entregadas al Rancho Izaguirre en el Estado de Jalisco, la Universidad Autónoma de Guerrero niega categóricamente su participación en estos hechos que presuntamente se hizo junto con el Ayuntamiento de Chilpancingo”.
La exalcaldesa se apresuró también a deslindarse de vínculo alguno con criminales organizados. Emitió un comunicado en el que califica “como un intento de generar golpeteo político” el testimonio difundido y que interpondrá denuncias contra quienes resulten responsables de la distorsión de los hechos.
En sus redes sociales, Hernández Martínez mencionó que durante su administración, estableció contacto con organizaciones, asociaciones, empresas, instituciones y los tres niveles de gobierno, “con el fin de generar oportunidades laborales para la población”.
Destacó que trabajó “en conjunto con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores Federal, el Consulado de México en Orlando y diversos municipios de Guerrero como Huitzuco, Iguala de la Independencia, Cocula y Chilpancingo, se firmó un convenio con la empresa Big Force Academy”.
Dichos trabajos se materializaron dentro del programa “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”, cuyo objetivo, indicó, era capacitar jornaleros para obtener la visa de trabajo H-2A y con ello laborar en Estados Unidos.
“A través de este programa, 20 personas de Chilpancingo fueron incluidas en dos grupos estatales de 50 jornaleros cada uno, con las siguientes empresas: Agrícola Sun Berries SA de CV, cuyo grupo partió el 15 de febrero de 2023 rumbo a Lagos de Moreno, Jalisco. Agrizar, cuyo grupo salió el 16 de febrero de 2024 con destino a Medio Sitio, Guanajuato”, detalló.
Agregó que su administración únicamente se sumó a la convocatoria del programa y no tuvo injerencia en la operación de las empresas contratantes. En esa parte insistió en que interpondrá denuncias, para que las autoridades investiguen y se esclarezcan los hechos dados a conocer.
Por su parte, la empresa Big Force Academy afirmó que el testimonio de Roberto “N” en un noticiero de Radio Fórmula en donde sostiene que fue reclutado por esa empresa a través de una convocatoria del ayuntamiento de Chilpancingo y de la UAGro y llevado al Rancho Izaguirre en Jalisco, son “falsos señalamientos y declaraciones dolosas y sin fundamento”.
Roberto “N” nunca mencionó a la empresa Big Force Academy, pero es quien firma la convocatoria de esa fecha; este año sigue reclutando campesinos en varios municipios de Guerrero.
A través de un comunicado el director ejecutivo, Pedro Rodríguez Trujillo rechazó y negó “contundentemente cualquier relación que se pretenda hacer a Big Force Academy con actos criminales o que lesionen a los trabajadores. Es inaceptable que con ligereza se ha empezado a calumniar y difamar el trabajo de este proyecto eminentemente social, Big Force Academy es un programa de trabajo y movilidad laboral sin filiación política, religiosa o partidista y sin vínculo alguno con personas o grupos criminales”.
Esa empresa “nació con el objetivo de evitar cobros y fraudes en la contratación de trabajadores agrícolas bajo el programa de visas H2A para Estados Unidos. Es en nuestras jornadas de información y reclutamiento en la que nuestro equipo de trabajo se ha ocupado de hacer pública la información de evitar fraudes y estafas, lo que nos ha generado enemigos gratuitos que se beneficiaban de esos cobros indebidos y fraudes. Ante el difícil escenario de nuestro país con Estados Unidos somos una opción real, segura, formal, ordenada y humana para trabajar legalmente en los Estados Unidos”.
Rodríguez Trujillo indicó que a la fecha son más de 8 mil 500 trabajadores mexicanos “que laboran de manera segura, formal, ordenada y humana con visa H2A en los Estados Unidos con nuestras empresas, han sido evaluados y seleccionados en un proceso de empleo formal y seguro de Big Force Academy en campos mexicanos donde reciben todas las prestaciones de ley, vivienda digna sin costo, transporte diario gratuito de sus dormitorios a lugares de trabajo y zonas de comedores dónde preparar sus alimentos o la posibilidad de adquiridos con un 66 por ciento de subsidio; además de la evaluación constante de disciplina y conducta libre de adicciones al alcohol o drogas y convivencia libre y segura con la oportunidad de estar en comunicación en todo momento con sus familiares”.
Por ello, sostuvo que pretender vincularlos “con actos ilegales es perverso, es inaceptable porque en nada ayuda en nuestra complejidad nacional, genera miedo, pánico innecesario y temor a quienes sí desean utilizar esta vía legal de oportunidades y trabajo. Generar esas noticias vulnera la seguridad de nuestros trabajadores actualmente en nuestro programa por sugerir la facilidad de la relación que plantea”.
El viernes, la Fiscalía General del Estado inició “de oficio” una carpeta de investigación para esclarecer la posible desaparición de personas originarias de la entidad, presuntamente reclutadas para trabajar en actividades agrícolas en el estado de Jalisco. En un comunicado, la institución informó que la apertura de la indagatoria responde a información difundida en diversos medios de comunicación, donde se alertó sobre el paradero desconocido de jornaleros guerrerenses que habrían sido trasladados a Jalisco bajo promesas laborales.
Según el comunicado, el organismo actúa dentro del marco de sus funciones y atribuciones legales, con el propósito de brindar certeza jurídica sobre los hechos y garantizar el acceso a la justicia de posibles víctimas. El problema aparente es que hasta el momento no hay víctimas. Decenas de guerrerenses fueron reclutados como jornaleros agrícolas y no se sabe de alguno que haya sufrido retención o reclutamiento o haya perecido en otra entidad porque los contratistas resultaron ser cómplices de maleantes.
Rafael Solano