Cd. de México (25 febrero 2025).- La Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada A.C. (ASUME) reafirmó su compromiso con la legalidad y propuso una regulación que combata la informalidad y promueva la seguridad jurídica.
Aplaudió que desde la conferencia Matutina del Pueblo se haya definido quiénes pueden participar como coadyuvantes de la seguridad pública y coincidió en que solo empresas de seguridad privada y sus elementos formalmente constituidos, capacitados y regulados deben integrarse a este esfuerzo
Reiteró su compromiso con la industria de la seguridad privada, profesional, certificada y regulada, que impacta en la generación de empleo, y representa el 2% del total de trabajadores afiliados al IMSS, con cerca de 800 mil empleos formales en más de 8,000 empresas.
Dijo que su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es del 2%, según datos del INEGI para el subsector de Servicios de Investigación, Protección y Seguridad, cuyo segmento ha mostrado un crecimiento real del 9.4% respecto del 2022, reflejando su dinamismo y relevancia dentro de la economía.
Sin embargo, señaló que existe un número significativo de empresas que operan sin registro ni supervisión, lo que genera incertidumbre jurídica, fomenta la corrupción y debilita la colaboración con las autoridades.
Urgió a una regulación adecuada que garantice un entorno de seguridad confiable, donde solo las empresas serias y comprometidas con la legalidad participen en la seguridad del país.
Una ley que dé certeza y seguridad jurídica al sector y las autoridades
Tras recordar que desde 2021, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir una Ley General de Seguridad Privada que armonice las regulaciones federales, estatales y municipales, Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME, dijo que es fundamental contar con una legislación que homogenice la regulación a nivel nacional y permita a las autoridades supervisar, sancionar y fortalecer la calidad del sector.
Detalló que también en 2021, se construyó un proyecto de ley con la participación activa del sector, en un proceso de consenso con autoridades, encabezados en su momento por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En este sentido, llamó al Secretario, Omar García Harfuch, a retomar el trabajo conjunto, revisar el proyecto y avanzar hacia su presentación en el Congreso, con el fin de lograr una legislación que brinde certeza jurídica, combata la informalidad y fortalezca la seguridad en el país.
“Estamos convencidos de que la seguridad privada debe ser parte de la solución y no del problema. Para ello, necesitamos una regulación clara, nacional y homogénea que brinde certeza jurídica, sancione la informalidad y permita una mejor coordinación con las autoridades”, afirmó.
Los beneficios de la Ley General de Seguridad Privada
Con el fin de evitar las más de 500 contradicciones normativas que hoy complican la operación del
sector y facilitan la proliferación de empresas irregulares, los beneficios de Ley General de Seguridad Privada incluyen:
- Sancionar a empresas informales y exigir que todas cuenten con permisos,
certificaciones y registros ante el IMSS. - Garantizar servicios de calidad, estableciendo estándares de capacitación
obligatorios. - Reducir riesgos y atraer inversiones, promoviendo un entorno seguro y regulado.
- Fortalecer la colaboración público-privada, alineando esfuerzos con las autoridades para mejorar la seguridad nacional.
- Generar empleos formales, consolidando un sector que hoy emplea a más de 800
mil personas y que podría superar el millón con una regulación efectiva.
Finalmente, ASUME reiteró su disposición al diálogo y trabajo conjunto con autoridades en una legislación moderna, efectiva y realista que garantice un sector seguro, confiable y alineado con los objetivos de pacificación nacional.
Redacción