Cd. de México (10 octubre 2024).- Comenzó en el Senado de la República el debate de las leyes secundarias que regirán la elección de juzgadores en todo el país.
Se trata del proceso por el que se renovarán la mitad de los puestos de jueces, ministros y magistrados a lo largo y ancho del territorio en una elección que se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025.
“La síntesis de los dictámenes que presentamos ante este Pleno definen reglas claras para la elección por primera vez de los cargos de poder judicial de la federación, mismos que reforman y adicionan la ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral”, declaró la senadora Lilia Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, encargada de la dictaminación.
La legisladora recalcó que la reforma al Poder Judicial forma parte del plan C y es un compromiso de Morena y sus aliados con sus electores.
“No está de más recordar que estas iniciativas de estos cambios de este compromiso fue de todos nosotros, del lado que nos sentamos de la izquierda con el pueblo mexicano. Felicito a la presidenta de la República nuestra compañera Claudia porque en menos de ocho días y cumplió, entre otros compromisos, este”.
Valdez Martínez afirmó que las leyes secundarias garantizan el que quienes decidan participar en el proceso electoral tengan a salvo sus derechos y puedan impugnar en caso de no estar de acuerdo con la determinación de no poder contender para ser candidatos a los cargos de jueces magistrados o ministros.
Valdez Martínez también recalcó que democratizar el Poder Judicial no debería ser ningún estigma ni dar miedo.
“Cambiar paradigmas anquilosados no significa atentar contra la independencia de ningún poder sino abrir ese poder a que la gente conozca de forma pertinente quién o quiénes estarán en un cargo como impartidores de justicia”, sentenció la morenista.
Por su parte el senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, apuntó que “el objetivo principal es establecer nuevas reglas para la integración del poder judicial de la federación y de los poderes judiciales locales mediante un proceso democrático que involucre la participación directa de la ciudadanía”.
Redacción