Cd. de México (04 septiembre 2024).– La reciente reforma al Poder Judicial en México ha generado una ola de incertidumbre y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Esta reforma, que propone cambios significativos en la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido objeto de críticas severas por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
En un análisis de riesgos, México sigue depreciando su moneda ante el asombro, incluso, de miembros de la Unión Europea qué esperaban una posición más laxa con respecto al modelo institucional del periodo de transición AMLO – Sheinbaum.
La reforma al Poder Judicial, presentada en febrero de 2024, aprobada por diputados y que será discutida este domingo busca una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los cambios más destacados se encuentran la reducción del número de ministros de 11 a 9, la eliminación de dos salas para que la Corte sesione únicamente en pleno, y la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
Fenómenos que disfrazados de buenas intenciones generan una concentración de poder desproporcionada del Ejecutivo sobre los órganos judiciales.
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han manifestado su preocupación por la reforma. A través de diversos posicionamientos ambos países señalaron que los cambios propuestos podrían debilitar la independencia judicial y, por ende, la estabilidad económica de México y por ende diversas disposiciones del TMEC.
La estridencia obradorista, en una borrachera de poder trata de dinamitar las relaciones con nuestros socios, sin entender la vorágine cambiaria y económica que dejaría a fenómenos como el nearshoring fuera del juego en este sexenio.
López Obrador deja a Sheinbaum una transición de crisis, no necesitó a la oposición para convertirse en el tirano a largo plazo de su propio proyecto.
La incertidumbre jurídica generada por la reforma podría desencadenar un éxodo de capitales. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, buscan estabilidad y previsibilidad en el entorno legal y económico.
La percepción de un sistema judicial politizado y menos independiente podría llevar a una retirada de inversiones, afectando sectores clave como el manufacturero, el energético y el tecnológico.
Además, la fuga de capitales podría presionar al peso mexicano, incrementando la inflación y afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Quizá sin saberlo, los obradoristas están acabando su propio ataúd en una psicosis política con pocos precedentes, marcada por el narcisismo del líder supremo.
OF THE RECORD
El sector privado en México también ha expresado su preocupación. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha señalado que la reforma podría “erosionar la confianza en el sistema judicial” y ha instado al gobierno a reconsiderar algunos de los cambios propuestos. Empresas multinacionales con operaciones en México han comenzado a evaluar el impacto potencial de la reforma en sus inversiones y operaciones futuras.
Daniel Echeverria
*Nota de editor 1-. Daniel Echeverria es Especialista en Administración Pública y Economía, en el sector público, privado y la academia. Ha participado en proyectos relativos a Políticas Públicas de Drogas con perspectiva de sostenibilidad y viabilidad económica y además es exasesor legislativo.
*Nota del editor 2-. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor y su cuenta de Twitter o X para comentarios es @DaEcheverriaMX.