Ciudad de México, 29 mar (EFE).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México declaró “inaplicable” un decreto que permitía a los funcionarios públicos manifestarse sobre el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador del próximo 10 de abril sin que se considerara propaganda gubernamental.
“El TEPJF declaró inaplicable el Decreto de interpretación auténtica sobre ‘propaganda gubernamental’ en la revocación de mandato”, informó este martes el organismo en un comunicado.
En sesión privada y por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Mónica Soto y del magistrado José Luis Vargas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, por una parte, declarar inaplicable el Decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”, dentro del procedimiento de revocación de mandato.
Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de marzo tras su aprobación en el Senado y fue muy criticado por la oposición.
“El Decreto de interpretación auténtica es inaplicable a los casos de revocación de mandato porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto ‘propaganda gubernamental’ sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato”, apuntó el comunicado.
El Tribunal Electoral consideró que este decreto, al considerar esta “excepción” a la norma habitual, “es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general”.
“Asimismo, al establecer esta excepción se realiza una modificación sustancial a las reglas de comunicación política en la revocación de mandato, lo cual está prohibido a nivel constitucional”, agregó el texto.
De esta forma, el TEPJF “protege el modelo de comunicación política del proceso de revocación de mandato en desarrollo”, con lo cual tutela el principio de “certeza y legalidad en su desenvolvimiento”, concluyó.
La consulta de revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque es impulsada por el propio presidente López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.
Además, en los últimos meses se han producido varios choques entre los organismos electorales y el Gobierno federal.
A inicios de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México dictó una medida cautelar contra López Obrador para que se ajustara a “los principios de imparcialidad y neutralidad” en la consulta de revocación de mandato presidencial.
Un total de 92,82 millones de mexicanos podrán participar en consulta.
EFE