CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (15 de marzo de 2018).-  Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticaron que la Procuraduría General de la República (PGR) no ejerza acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y fraude bancario.

“Es de un cinismo enorme que la PGR diga que César Duarte no desvío recursos públicos para un banco privado donde él se ve beneficiado”, dijo el coordinador perredista Luis Sánchez.

Además, remarcó que la denuncia penal ante la PGR está hecha desde 2015 y se dejó pasar el tiempo, contrario a la celeridad con la que se persigue al aspirante presidencial Ricardo Anaya.

“Por eso es que creemos ese encargado de despacho (Alberto Elías Beltrán) llegó para cubrirle las espaldas a sus jefes, para exonerar a los amigos y para ser usado como un arma política en contra de los contendientes electorales que son contrarios al PRI. Por eso insistimos en que ese encargado de despacho debe salir de inmediato”.

Luis Sánchez insistió en que se debe nombrar a un nuevo procurador que sea aprobado por el Senado, mientras se concreta la reforma al artículo 102 constitucional y se nombre al Fiscal General.

Por otro lado, el coordinador perredista también se pronunció sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que permite las inspecciones sin orden judicial previa: sostuvo necesario que los ministros aclaren los límites de la figura para no dar paso a ningún abuso por parte de policías.

“No es como se ha dado a conocer que con la simple presunción de un policía en la calle o alguien de las fuerzas armadas pueda detener sin orden de cateo y sin una orden del juez a cualquier persona para revisar su persona, si vehículo o su casa. Eso es una acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia que el martes pasado el pleno aprobó como válidas las inspecciones policiacas sin orden judicial; sin embargo, la lectura que le damos al fallo de la Corte no es así, no puede ser así. Debe mediar por supuesto una investigación para que pueda haber este cateo”.

Finalmente, y en referencia al informe de la Organización de las Naciones Unidas que sostiene que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Luis Sánchez apuntó que fue un intento del gobierno federal para sustentar la llamada “verdad histórica” sobre los hechos, presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

A su vez, el senador Celestino Cesáreo dijo que el Estado, a través de la PGR, armó toda una investigación para ocultar la verdad y por eso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó por tierra la investigación que realizó Jesús Murillo. Abundó que con el informe de la ONU se comprueba que los detenidos fueron torturados para obtener sus declaraciones.

Con información de Ángel Gallegos

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