Ciudad de México, México ( 01 de abril de 2017)-. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha anunciado este sábado que renuncia a asumir las funciones del Parlamento y ha suprimido una medida cautelar con la que facultaba al presidente Nicolás Maduro con poderes exepcionales para evitar un “estado de conmoción” y le permitía revisar normas de la legislación penal, militar y contra el terrorismo.

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La decisión ha sido tomada después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional. Sin embargo, no ha contentado a la oposición, que continúa con varias protestas callejeras este sábado.

En un comunicado, el Tribunal Supremo venezolano informa de que “suprime” algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias parlamentarias de la Asamblea, una medida que ha provocado en las últimas horas un amplio rechazo internacional.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha suspendido el punto 4.4 de la sentencia 156, emitida el 29 de marzo y que derogaba las facultades de la Asamblea Nacional (Parlamento venezonalo) para que estas fueran ejercidas por el Supremo. Esta fue la sentencia que generó toda la reacción de la comunidad internacional.

Retira la capacidad de Maduro de ejercer “poderes excepcionales”

Aunque el Tribunal Supremo no ha difundido aún el texto, sí ha indicado que “se suprime la cautelar 5.1.1” de la sentencia 156 de la Sala Constitucional.

La medida a la que alude el anuncio del TSJ facultaba al jefe de estado a ejercer “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.

El texto legal precisaba que el mandatario venezolano debía tomar estas acciones en “ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, y le ordenaba “revisar excepcionalmente” normas, en el marco del estado de excepción, vigente en el país desde hace más de un año.

Esta revisión “excepcional” incluía a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar. Todo ello ante la posibilidad de que “pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar”.

Devuelve la inmunidad parlamentaria

Medios locales añaden que el alto tribunal también habría suprimido el punto 5.5.1 de la sentencia 155, en la que se decidió limitar la inmunidad parlamentaria

La corte argumentó que ese privilegio es “incompatible” con el “desacato” en el que persiste por mantener en sus escaños a tres diputados suspendidos por una investigación de fraude en sus elecciones.

Ambas sentencias generaron gran controversia en el país latinoamericano y despertó las reacciones internacionales. Un centenar de personas se ha concentrado en el este de Caracas en defensa del Parlamento pese a la rectificación de las dos sentencias.

El presidente del Supremo, el magistrado Maikel Moreno, ha asegurado tras rectificar que las decisiones de la máxima corte son en beneficio de la paz y la tranquilidad del país, después de rectificar su decisión de asumir las funciones del Parlamento.

“Tengan la plena seguridad, señores embajadores, que nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de este país, siempre van a ser las decisiones que tenga a bien indicar este TSJ (…) en beneficio de la paz, la tranquilidad y la democracia de nuestro país”, dijo Moreno desde la sede del Poder Judicial en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela.

El Parlamento dice que el “golpe” del Supremo no se puede “corregir”

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Julio Borges, ha dicho este sábado que el “golpe de Estado” que dio el Tribunal Supremo al despojar a la cámara de sus funciones no se puede “corregir” suprimiendo una sentencia, y ha informado de que seguirán convocando protestas callejeras.

“El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar un muerto, pero el TSJ ya dio un golpe de Estado que no puede corregir. Que no crea que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el muerto, la sentencia es la culminación de un golpe de Estado que han venido dándonos desde años”, ha dicho Borges desde en una plaza caraqueña.

Desde una “sesión especial de calle” de la cámara, Borges ha resaltado que han iniciado “de nuevo” las actividades de calle “para lograr la libertad definitiva de Venezuela”. “La calle significa salir a defender nuestra dignidad”, ha agregado.

Por su parte, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, ha coincidido que con estas “aclaratorias” del máximo tribunal “no está resuelto el golpe de Estado”, y pidió que estas sentencias sean anuladas.

La policía militar reprime las manifestaciones con gas lacrimógeno

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, policía militar) ha reprimido este sábado con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes opositores que se dirigían hacia la Defensoría del Pueblo, en Caracas, en protesta por las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del Parlamento.

Los opositores no han podido continuar su trayecto debido a la presencia de tanquetas antimotines que bloquearon la vía, y fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando intentaban tomar una vía alterna hacia el organismo del Poder Moral

La rectificación de la corte se ha producido después de que el Consejo de Defensa de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.

Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de “resolver” lo que calificó de “impasse” derivado de la posición del Ministerio Público (MP, Fiscalía) frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de “desacato” en la que este se encuentra.

El Consejo de Defensa llegó a este consenso pese a que un par de horas antes el propio Maduro había respaldado la decisión del Supremo, garante del cumplimiento de la Constitución venezolana, y la canciller Delcy Rodríguez había previsto acudir a la sede judicial para expresar también el apoyo del Ejecutivo.

Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, “es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional”, así como “la resolución de los conflictos entre poderes”.

RTVE

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