Cd.de Mexico (09 noviembre 2026 ).El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, advirtió que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sus colaboradores y proveedores no podrán evadir la justicia por las presuntas irregularidades en contrataciones y tráfico de influencias que derivaron en su renuncia a la presidencia del Consejo General.
Durante la presentación de un paquete de iniciativas anticorrupción en el Senado, el legislador de Morena sostuvo que existen elementos para que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen a los responsables.
“Yo no veo forma de que en el caso de la expresidenta del INE, colaboradores de ella o proveedores, puedan librar la actuación de la justicia. No soy yo quien los va a juzgar, pero creo que existen elementos suficientes para que, de acuerdo con la autoridad investigadora y después los jueces, finalmente no veo cómo puedan no pagar sus culpas”, afirmó.
Martínez consideró que las investigaciones sobre el llamado caso INE son un ejemplo de cómo deben funcionar las instituciones anticorrupción y confió en que habrá sanciones para quienes resulten responsables.
Por su parte, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que las investigaciones no están detenidas y que distintas instancias federales trabajan para esclarecer las presuntas irregularidades en el organismo electoral.
Mencionó las auditorías, la denuncia que el Órgano Interno de Control del INE presentó ante la Fiscalía General de la República y las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que, según dijo, ha asegurado cuentas de la ex titular del Instituto y de otros funcionarios.
“Lejos de haber una parálisis, lejos de decir ‘borrón y cuenta nueva’, lo que ya vemos es todo movimiento institucional de acuerdo a las leyes y a las normas que rigen en nuestro país para fincar responsabilidades administrativas y, en su caso, responsabilidades de carácter penal”, sostuvo.
En el mismo encuentro, Ramírez Cuéllar defendió la eliminación del fuero constitucional para los políticos y gobernantes. Como ejemplo, señaló al gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre cuya administración, afirmó, existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por alrededor de siete mil millones de pesos.
El diputado consideró que la inmunidad procesal se ha convertido en un mecanismo que algunos funcionarios buscan para evitar enfrentar a la justicia. Por ello, recordó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 109 de la Constitución y establecer que ninguna controversia constitucional ni juicio de amparo pueda anular los efectos de un juicio político.
Al referirse a Samuel García, cuestionó que los criterios de la Suprema Corte hayan permitido que el juicio político pueda realizarse, pero sin que sus efectos se concreten.
“Para mí es una vergüenza nacional seguir teniendo fuero. Desde hace tiempo hemos visto una especie de estampida para conquistar esta inmunidad procesal y lo más deseado en los últimos decenios es tener protecciones indebidas para no acudir ante la justicia”, expresó.
Higinio Martínez coincidió en que el fuero debe revisarse, aunque advirtió que su eliminación o modificación no debe confundirse con dejar desprotegida la libertad de expresión de los legisladores.
El senador explicó que la inmunidad constitucional no exime a los representantes populares de responder por los delitos que pudieran cometer, pero sí puede obstaculizar o retrasar las actuaciones judiciales.
“El fuero no te protege por delitos que comete un legislador. El fuero no protege contra delitos, eso es claro; pero el fuero puede obstaculizar la actuación de la justicia sobre un presunto delincuente legislador. Ese es el problema. Puede retrasar o impedir”, puntualizó.
Por ello, planteó que el debate legislativo debe encontrar una fórmula que preserve la libertad de expresión de los parlamentarios, sin convertir el fuero en un instrumento de protección frente a posibles responsabilidades penales.
Angel Gallegoso