Cd. de México (04 noviembre 2026).- En la Ciudad de México, el futuro y bienestar de los menores de edad puede depender directamente de un dictamen psicológico; sin embargo, la metodología e imparcialidad de estos informes no siempre son verificables.
Foto: Milenio
De acuerdo con un reporte publicado por el diario La Crónica, existe una creciente crisis de confianza hacia el Poder Judicial de la Ciudad de México, derivada de distintas denuncias por irregularidades, presunta manipulación de resultados y una falta de auditorías independientes en los peritajes realizados durante juicios familiares. Esta situación exhibe fallas estructurales que ponen en riesgo la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según testimonios de personas involucradas en controversias judiciales recopilados en la investigación, desde hace al menos cinco años se han documentado evaluaciones psicológicas realizadas en tiempos insuficientes. Asimismo, se señalan conclusiones que no corresponden con lo observado en las entrevistas y dictámenes sesgados que terminan justificando restricciones de convivencia o cambios drásticos en las custodias.
También se advierte que no existen registros públicos que transparenten cuántos de estos informes han sido auditados o qué sanciones administrativas se han aplicado a los especialistas cuando se confirman anomalías.
Foto: Internet
Esta falta de control abre la puerta a cuestionamientos sobre la posible operación de una red de influencias integrada por operadores judiciales, funcionarios ministeriales, psicólogos y litigantes particulares, quienes utilizarían estos peritajes para generar ventajas en disputas de custodia, régimen de convivencias y pensiones alimenticias.
Las áreas encargadas de evaluar a los menores y a sus progenitores se han convertido en el punto más sensible de estas acusaciones, en un contexto donde México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que obliga a priorizar el interés superior de la infancia.
Ante estos señalamientos, se exige que las autoridades competentes deslinden responsabilidades sin excepciones ni privilegios en caso de comprobarse corrupción o manipulación pericial. Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía capitalina enfrentan el reto de transparentar sus controles internos e investigar a fondo para garantizar que la justicia responda verdaderamente a la protección de los menores.
Paola Ramírez