Cd. de México (14 octubre 2026).- Con los votos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), el Senado aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca homologar y modernizar la información sobre bienes inmuebles en el país.
La reforma establece mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para actualizar e interconectar los catastros y los registros públicos de la propiedad. Entre sus herramientas contempla una Clave Única Catastral, una Cédula Única Catastral y Registral, y una plataforma tecnológica para facilitar la gestión de información y los trámites.
La senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez sostuvo que la legislación dará mayor certeza jurídica a los propietarios y mejorará la transparencia inmobiliaria, sin centralizar el cobro del impuesto predial.
“Otorga mayor seguridad jurídica sobre las propiedades con la finalidad de que exista información más confiable sobre quién es propietario de un inmueble, sus características y su situación registral”, argumentó.
En contraste, las bancadas del PAN y del PRI acusaron al oficialismo de impulsar una concentración de poder que, advirtieron, podría afectar las atribuciones municipales y abrir la puerta a incrementos en el predial.
El coordinador panista, Ricardo Anaya, afirmó que la reforma responde a una intención de controlar la información catastral de los municipios y cuestionó sus posibles consecuencias recaudatorias.
“Lo que busca es concentración de poder, es decir, responde a esta adicción que tiene Morena por controlarlo todo”, declaró.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, advirtió que la homologación de los sistemas podría generar dificultades administrativas y costos para los gobiernos locales. También cuestionó que se establezcan criterios comunes para actualizar los valores catastrales sin considerar las condiciones particulares de cada municipio.
“¿Qué quiere decir que van a imponer desde el centro lo que se va a pagar del predial en todos los municipios, sin reconocer la realidad que se vive en cada municipio?”, cuestionó.
Tabe defendió las prácticas recaudatorias de diversos gobiernos municipales y sostuvo que las decisiones sobre el predial deben respetar las competencias reconocidas en el artículo 115 constitucional.
En el mismo sentido, el senador panista Mario Vázquez acusó que los municipios y los estados no fueron considerados suficientemente en el diseño de la legislación.
“Son 2 mil 500 municipios que no fueron tomados en cuenta. Son 32 estados del país que tampoco fueron convocados para el diseño de la ley que hoy se plantea”, afirmó.
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, advirtió que la reforma podría traducirse en mayores cobros para los contribuyentes.
“Es un predialazo, de eso no tengan la menor duda. Es un incremento que se va a dar y va a golpear en el bolsillo de las mexicanas y de los mexicanos”, sostuvo.
Morena niega nuevos impuestos
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rechazó que la reforma cree nuevos impuestos o aumente las tasas del predial. Explicó que el objetivo es mejorar la información catastral, corregir inconsistencias y facilitar los trámites y pagos, con herramientas digitales.
El legislador señaló que la Clave Única Catastral permitirá identificar cada inmueble, mientras que la cédula vinculará esa información con el folio real del registro público, para detectar diferencias y facilitar su corrección conforme a los procedimientos legales.
“Se trata de contar con información más confiable, sin alterar los derechos de propiedad que deban acreditarse conforme a la ley”, puntualizó.
Huerta aseguró que la plataforma facilitará la actualización cartográfica, la administración de información predial y los pagos digitales. Además, defendió que el ordenamiento mantiene las atribuciones de los ayuntamientos.
“Esta legislación no traslada a la Federación la recaudación del impuesto predial ni sustituye las competencias que corresponden a las autoridades locales”, concluyó.
Al final el dictamen se votó en lo general por 69 votos a favor y 32 en contra y se remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Ángel Gallegos