Cd. de México (06 octubre 2026).- “La violencia también deja huérfanos. Y lo más grave es que hoy ni siquiera sabemos cuántos son”, cuestionó la diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela al demandar que el Gobierno del Estado y DIF Sinaloa construyan una política pública para atender a los infantes afectados por la violencia.
En tribuna durante la sesión de este martes, expresó que una familia que abre sus puertas para evitar que un menor quede desamparado merece respaldo, no abandono de las instituciones.
“Una abuela que recibe en su casa a dos o tres nietos después del asesinato de su hijo no sustituye al Estado. Un tío que se hace cargo de una niña porque su madre desapareció no libera al gobierno de su responsabilidad”, manifestó.
La legisladora criticó que el Estado no cuente con información suficiente para dimensionar cuántas niñas, niños y adolescentes están enfrentando la pérdida de alguno de sus padres o de la persona responsable de su cuidado como consecuencia de la violencia.
La violencia, dijo, que se agudizó desde septiembre de 2024 no solamente ha dejado homicidios, desapariciones y desplazamientos: también está dejando niñas, niños y adolescentes sin madre, sin padre o sin la persona que sostenía y cuidaba su hogar, sin que siquiera exista un registro público que permita saber cuántos son ni en qué condiciones están viviendo.
Esta falta de información revela un problema que va mucho más allá de una deficiencia administrativa, expresó.
“No se puede proteger a quien ni siquiera se ha querido contar, la desaparición o muerte de una madre, un padre o un tutor puede significar para una niña o un niño la pérdida simultánea de cuidados, ingresos, estabilidad, vivienda, continuidad escolar y seguridad emocional”.
Entre las propuestas que planteó figuraron la creación de un registro estatal protegido de niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su madre, padre o tutor como consecuencia de la violencia, con mecanismos de confidencialidad y protección de sus datos; el establecimiento de una ruta inmediata de atención médica y psicológica, con acompañamiento especializado para atender el duelo, el trauma y las consecuencias de la violencia.
Propuso también garantizar becas y mecanismos de permanencia escolar, para evitar que la pérdida de un familiar y la crisis económica del hogar obliguen a niñas, niños o adolescentes a abandonar sus estudios; la creación de apoyos específicos para las familias extensas —abuelas, abuelos, tíos y otros familiares— que hayan asumido el cuidado y sostenimiento de menores de edad.
RíoDoce