Cd. de México (02 octubre 2026).- Según el estudio escrito por la investigadora Lindsay Freeman, México se consolidó como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y el segundo más riesgoso para la defensa de los derechos humanos, esto durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La investigación realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, publicada el pasado 23 de septiembre, demuestra que los actos cometidos y facilitados por el Estado mexicano contra comunicadores y activistas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, podrían constituir el crimen de lesa humanidad de persecución, tipificado en el Artículo 7 del Estatuto de Roma.
A través de una metodología de verificación e integración de registros, la investigación documentó el asesinato de 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos en dicho periodo, lo que suma un total de 337 víctimas.
El informe señala que estos homicidios no ocurrieron de manera aislada, sino como parte de una estrategia de represión, cuyas víctimas de estos ataques fueron seleccionados intencionalmente: reporteros que investigaban al crimen organizado, la corrupción y a las fuerzas de seguridad, así como de activistas que documentaban abusos estatales.
El informe documenta que un Centro de Inteligencia Militar secreto, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), intervino comunicaciones privadas utilizando herramientas como el software espía Pegasus (de NSO Group) y Geomatrix (de Rayzone).
Estas herramientas de cibervigilancia se desplegaron contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso funcionarios de supervisión gubernamental, sin contar con orden judicial ni con un marco legal que faculte a las Fuerzas Armadas a realizar tales intervenciones.
El ejército mexicano, que fue el primer cliente de Pegasus a nivel mundial en 2011, ha mantenido un uso recurrente de tecnología comercial de espionaje. Aunque estos programas se adquieren bajo el argumento de combatir la delincuencia y proteger la seguridad nacional, en la práctica terminan utilizándose contra la prensa crítica, activistas y opositores.
Formas de violencia
También se identificó el uso de granjas de bots vinculadas al Estado para amplificar campañas de desprestigio y acoso en redes contra comunicadores.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una política que reconoce formalmente que los crímenes internacionales pueden cometerse o facilitarse a través de medios cibernéticos, como la vigilancia masiva, la desinformación, el acoso y la filtración de datos privados (doxxing).
En este marco, México se perfila como el primer caso a nivel mundial para poner a prueba dicha política, ya que de según expone el artículo, las herramientas digitales, las campañas de acoso en redes y el espionaje gubernamental también pueden convertirse en un mecanismo de persecución sistemática.
Persecución, acoso e impunidad
La investigación destaca un índice de impunidad que oscila entre el 93% y el 99% en los delitos cometidos contra la prensa. Lo cual señala la incapacidad o falta de voluntad del Estado para investigar y sancionar las agresiones.
El Artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma define la persecución como la privación intencional y grave de los derechos fundamentales de un grupo o colectividad debido a su identidad o función social, según relata la autora en el texto.
La investigación de UC Berkeley concluye que, al sumar el impacto de los ataques verbales, el espionaje militar, la desinformación organizada y las agresiones letales en un entorno de impunidad casi total, existe evidencia suficiente para que la Fiscalía de la CPI abra un examen preliminar sobre el caso mexicano.
Paola Ramírez