Ciudad de México (06 de agosto 2026).- El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear la Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa, un organismo público autónomo que brindaría protección jurídica a periodistas, comunicadores y medios de comunicación frente a actos de censura, hostigamiento o represalias provenientes de cualquier autoridad.
La propuesta plantea modificar los artículos 6 y 105 de la Constitución para crear una institución con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y de decisión. Su objetivo sería garantizar la protección institucional de las libertades de expresión, información y prensa cuando sean vulneradas por actos u omisiones del Estado.
Añorve argumentó que, aunque los artículos 6 y 7 constitucionales reconocen y protegen la libertad de expresión y prohíben la censura previa, ese marco jurídico resulta insuficiente cuando periodistas y medios enfrentan presiones, requerimientos abusivos, campañas de estigmatización o amenazas de acciones judiciales que buscan inhibir su labor informativa.
El legislador reconoció que actualmente existen instituciones encargadas de investigar delitos contra periodistas y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, sostuvo que ninguna tiene como función principal la defensa jurídica especializada frente a actos de censura o represalias promovidos por autoridades.
Asimismo, aclaró que la iniciativa no busca crear un órgano regulador de los medios de comunicación ni sustituir a las fiscalías o al mecanismo de protección vigente, sino establecer una instancia especializada que garantice la defensa legal del ejercicio periodístico cuando éste sea afectado por decisiones de la autoridad.
“La Defensoría deberá ser autónoma y tendrá por objeto proporcionar orientación, acompañamiento, asistencia y representación jurídica a las personas periodistas, comunicadoras, trabajadoras de los medios, medios comunitarios, indígenas, afromexicanos, digitales, independientes y demás personas físicas o morales que ejerzan actividades de información de interés público, cuando sus derechos sean afectados por actos u omisiones de cualquier autoridad”, concluye la iniciativa.
De aprobarse, la nueva Defensoría tendría el mandato de intervenir en casos donde una autoridad pretenda censurar, intimidar, obstaculizar o sancionar indebidamente el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, fortaleciendo la protección institucional de uno de los derechos fundamentales previstos en la Constitución.
Ángel Gallegos