Cd. de México (19 julio 2026).- Un juez federal dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
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La medida cautelar fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR) al concluir una audiencia inicial que, entre recesos y sesiones por videoconferencia, se prolongó durante casi 40 horas.
Además de Ruffo Appel, el juez impuso prisión preventiva a Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el Estado de México.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales cumplirán la medida cautelar en sus domicilios debido a su estado de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La FGR informó que durante la audiencia el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Tras el debate entre las partes, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si vincula o no a proceso a los imputados.
De acuerdo con la FGR, los detenidos fueron capturados en un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad como parte de una investigación sobre una presunta red dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.
La Fiscalía explicó que el esquema investigado consistía en ingresar hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando menores volúmenes o clasificando el combustible como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos.
Según las investigaciones, estas operaciones habrían ocasionado un daño estimado en 4 mil millones de pesos al erario federal entre enero y julio de 2025.
Las autoridades también señalaron que la indagatoria involucra a la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo Appel es accionista mayoritario y que presuntamente habría sido utilizada para realizar las operaciones bajo investigación.
Al concluir la audiencia, un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
En el lugar permanecieron patrullas federales y un vehículo táctico trasladó a Ernesto Ruffo Appel y a los demás imputados que enfrentarán el proceso en el penal federal del Altiplano.
Agencias