Cd. de México (08 junio 2026).- Especialistas en materia electoral advierten sobre la reforma constitucional que abre la posibilidad de anular elecciones cuando se acredite la intervención de actores extranjeros, ya que la modificación se aprobó sin debate y carece de reglas claras.
Durante una entrevista con Irving Pineda para Azteca Noticias, el analista legislativo Enrique Randolph, aseguró que la reforma fue avalada a días de que venciera el plazo constitucional para realizar cambios en materia electoral.
Explicó que, aunque la modificación ya forma parte de la Constitución, aún no cuenta con una legislación secundaria que establezca con precisión qué debe entenderse por intervención extranjera, cuáles serían los criterios para acreditarla y bajo qué circunstancias podría derivar en la anulación de una elección.
“Algo que no solamente deja mucha ambigüedad, sino mucho poder de interpretación a las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, que pues prácticamente son los magistrados electorales”, señaló.
Según el analista, esta situación ha abierto un debate jurídico. Mientras una postura sostiene que la sola inclusión de la figura en la Constitución es suficiente para que las autoridades electorales puedan aplicarla, otra considera que su implementación debería esperar hasta contar con una ley reglamentaria.
Para Randolph uno de los principales cuestionamientos radica en que la reforma deja en manos de los tribunales electorales la interpretación de conceptos como la “injerencia extranjera” y la llamada “determinancia”, es decir, si una conducta tuvo o no impacto suficiente para modificar el resultado de una elección.
“Debe preocuparnos… porque prácticamente esto va a poder hacerse de manera unilateral, por una institución cooptada, y prácticamente, porque se hizo sin consensos, es decir, una política de estado, una reforma constitucional debieron haberse realizado prácticamente con todas las voces y todos los expertos y no se hizo,” enfatizó el especialista.
Enrique Randolph también sostuvo que la reforma resulta innecesaria porque la legislación vigente ya contempla mecanismos para anular elecciones cuando se comprueba financiamiento ilícito, propaganda ilegal o inequidad en la contienda, independientemente de si los recursos o la intervención provienen del extranjero o del territorio nacional.
Redacción