Cd. de México (05 junio 2026).- La violencia que azota Chilapa, en la región de la montaña baja de Guerrero es resultado de la narcopolítica y la complicidad de autoridades con el grupo criminal de ‘Los Ardillos’, denunció Jesús Plácido Galindo, vocero del Consejo Indígena Popular Guerrero ‘Emiliano Zapata’.
En entrevista para Esqueletos de Azteca Noticias, el activista dijo que la organización criminal ha operado durante décadas en distintas zonas de Guerrero y que, pese a la presencia de fuerzas federales, continúa ejerciendo control territorial y político.
“Hay tanta violencia porque es permitida por el Estado mexicano“, afirmó Galindo, tras señalar que ni gobiernos estatales ni fiscalías han logrado desarticular al grupo delictivo.
De acuerdo con el representante indígena, comunidades han denunciado durante años desapariciones, asesinatos, extorsiones y desplazamientos forzados.
Foto: Captura de pantalla
Incluso mencionó que expusieron la situación al expresidente López Obrador en 2023, sin embargo, integrantes del Consejo Indígena Popular han sido víctimas de ataques por denunciar violaciones a los derechos humanos.
“Comenzamos a denunciar porque el crimen que se estaba cometiendo pues era ya crimen de lesa humanidad, porque estaban desapareciendo a compañeros de las comunidades que bajaban a vender su productos, al doctor, al transporte y que a manos de la policía municipal, comenzamos a investigar que estaban vinculados con “Los Ardillos”, relató Jesús Plácido Galindo.
También acusó que familiares de integrantes de “Los Ardillos”, encabezado por Celso Ortega, ocupan cargos públicos en la región, situación que ha permitido la expansión de su poder político.
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Actualmente, “Los Ardillos” mantienen influencia en municipios como Chilapa, Quechultenango, Zitlala y Chilpancingo.
“En el territorio donde operan “Los Ardillos” siguen generando droga, cristal, piedra, control de cobro de piso, cobro de mercancía, huevo, todo lo que entra en el municipio ellos lo controlan. Aparte que controlan los comercios, la extorsión, los secuestros, los asesinatos, la extorsión también controlan los municipios. El ramo 33 que le llega cada año para escuelas, pavimentación, creación de salud para la comunidad, cosa que no llega a las comunidades, se le queda al municipio se lo roban, con eso usan para comprar sicarios, pagar sicarios, pagar armamento del Ejército, drones y seguir desplazando más pueblos“, subrayó.
Plácido Galindo recordó los hechos ocurridos entre el 6 y el 11 de mayo pasado, cuando fueron atacados con drones y armas de alto calibre. Los ataques ocurrieron pese a la presencia de militares y causaron el desplazamiento de al menos dos mil 200 personas de localidades como Tula, Chicotlán, Canatlán y Alcozacán.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno federal para atender la situación de las comunidades indígenas afectadas por la violencia y garantizar condiciones de seguridad para sus habitantes.
Redacción