Cd. de México (03 junio 2026).- Las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra políticos mexicanos por nexos con organizaciones criminales alcanzaron a otros dos gobernadores de Morena.

De acuerdo con una publicación del diario Los Angeles Times, ahora serían los mandatarios de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y quienes fueron incluidos en expedientes ligados con organizaciones delictivas y actividades de contrabando.
Según la nota firmada por los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum, las actuales pesquisas han marcado un cambio en la estrategia de Washington, que ahora busca investigar no solo a integrantes de organizaciones delictivas, sino también a funcionarios públicos y políticos relacionados con operaciones criminales.
En el caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el reporte de Los Angeles Times, refiere que estaría relacionado con redes de contrabando de combustible entre México y Estados Unidos.
Las fuentes consultadas por el diario afirmaron que Américo Villarreal también habría enfrentado restricciones migratorias, aunque cuenta con mecanismos especiales que le han permitido ingresar a Estados Unidos.
Según la publicación, tanto Villarreal como Durazo podrían acceder a Estados Unidos mediante el programa denominado Significant Public Benefit Parole, un permiso especial utilizado por autoridades estadounidenses cuando consideran que la presencia de una persona puede aportar información relevante para investigaciones o procedimientos judiciales.
Las fuentes aseguran que los cruces fronterizos de Américo Villarreal suelen realizarse bajo acompañamiento de funcionarios estadounidenses.
En este sentido, el Coordinador de Comunicación Social del gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algaraín, rechazó las acusaciones “de enorme gravedad” contra el mandatario y sin una sola prueba que las respalde.
“La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”, señaló en X.
Semanas antes, Américo Villarreal ya había sido cuestionado sobre su situación migratoria y afirmó que mantiene una visa vigente, incluso que ha participado en actividades oficiales en territorio estadounidense, como Laredo y Texas.
Respecto de las indagatorias contra Alfonso Durazo, según fuentes de Los Angeles Times, el gobernador de Sonora sería considerado una figura relevante ya que previamente se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La visa estadounidense de Durazo habría sido revocada desde 2025, como parte de las acciones derivadas de la investigación.
Sin embargo, el Gobierno de Sonora rechazó categóricamente la información, en voz de la coordinadora del Sistema Estatal de Comunicación Social, Paloma Terán, quien aseguró que el reporte carece de sustento.
“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, afirmó la funcionaria.
Asimismo, Durazo descalificó cualquier señalamiento que no esté respaldado por pruebas.
La revelación de Los Angeles Times ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve exfuncionarios de Morena, entre ellos, al actual senador, Enrique Inzunza.
Autoridades estadounidenses los acusan de colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos a cambio de presuntos sobornos y favores políticos.

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Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que corresponde a los gobernadores señalados aclarar cualquier duda sobre la situación de sus visas y las versiones sobre investigaciones en su contra.
“Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores, entiendo que ellos tienen que aclarar”, señaló.
Aunque Sheinbaum también cuestionó la forma en que este tipo de información llega al espacio público y sugirió que podrían existir intereses detrás de las filtraciones a medios estadounidenses.
Redacción