El Senado de la República vivió una jornada de alta tensión política marcada por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalados presuntamente por vínculos con el crimen organizado.
Desde temprana hora, la expectativa se centró en el posible arribo de Inzunza al recinto legislativo. Sin embargo, el senador sinaloense anunció a través de redes sociales que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente, al argumentar que no daría “armas a la derecha para golpetear a Morena”.
La noche del viernes primero de mayo, Rocha Moya había solicitado licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa en medio del creciente escándalo político y las presiones de la oposición para que enfrente las acusaciones.
Antes del inicio de la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la ausencia de Inzunza no obedeció a una decisión política interna, sino a la integración ordinaria de los trabajos legislativos.
“Él no fue convocado. Cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que tiene. Morena propuso 18 senadores. Yo tampoco estoy convocado”, explicó.
Mier también confirmó que la hija de Enrique Inzunza forma parte del equipo de asesores parlamentarios de Morena, aunque negó que se trate de un caso de nepotismo y adelantó que revisará la situación.
“Voy a hacer una revisión de tal manera que no se parezca a una injusticia porque es un asunto colateral derivado de otro tema”, declaró.
La oposición aprovechó la coyuntura para exigir acciones inmediatas. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, pidió la detención y eventual extradición de Rocha Moya y de los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
“México debe cumplir con el tratado que firmó. Que detenga hoy mismo a Rocha Moya y que, con la contundencia de las pruebas, se extradite a Rocha Moya y a sus cómplices”, sostuvo.
Anaya advirtió además que una eventual negativa del gobierno mexicano a colaborar con Estados Unidos podría derivar en una crisis diplomática.
“Están jugando con fuego (…) se está convirtiendo el gobierno federal en cómplice protector del narco gobernador Rubén Rocha Moya”, acusó.
Por separado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido buscará solicitar ante el Instituto Nacional Electoral la pérdida de registro de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Ha quedado claro que tienen un pacto impune con el crimen organizado (…) tendrían que entregarlo”, afirmó el líder priista.
En tanto, legisladores de Movimiento Ciudadano informaron que promovieron solicitudes de juicio político y desafuero contra Rocha Moya, Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
El diputado Juan Ignacio Zavala señaló que el objetivo es impedir que los funcionarios mantengan protección constitucional frente a las investigaciones.
“Lo que estamos pidiendo es que, si no quieren quitar el fuero, se proceda a llevar a cabo el juicio político por las faltas graves a la Constitución”, declaró.
Por su parte, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, sostuvo que los funcionarios señalados deben ser juzgados en México y no únicamente enfrentar procesos en Estados Unidos.
“Este es el momento en que la Jefa del Estado mexicano está obligada a demostrar que efectivamente son distintos, que efectivamente se va a hacer justicia”, expresó.
Frente a la presión política, Ignacio Mier rechazó que Morena vaya a prestarse al “escarnio público” y defendió la legitimidad electoral de su movimiento.
“Estamos en contra de la impunidad. Pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas. El mejor juez siempre va a ser el pueblo de México”, concluyó.
Ángel Gallegos