Cd. de México (05 mayo 2026).- La magistrada Aída Inzunza Cázares, integrante del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, fue quien elaboró el dictamen que terminó por validar la elección de 2021, en la cual Rubén Rocha Moya se convirtió en gobernador.
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En ese documento se reconoció que durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021 se registraron 206 incidentes, aunque solo en 23 casillas se suspendió definitivamente la votación.
Pese a que tanto el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) como el Tribunal confirmaron la existencia de irregularidades, los magistrados consideraron que no eran determinantes para el resultado. Y en agosto de 2021 se ratificó por unanimidad la validez de la elección.
La magistrada y hermana del senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza, señalado por Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, sostuvo que se cumplieron los principios rectores del proceso electoral como voto libre y secreto, legalidad, imparcialidad, equidad y máxima publicidad.
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Al respecto, el PRI presentó impugnaciones y denunció incidentes graves como privación de la libertad de representantes de casilla, robo y quema de urnas, retrasos en la entrega de paquetes electorales, así como la presencia de personas armadas.
Además, argumentó que se generó un ambiente de miedo e inseguridad que pudo influir en el voto ciudadano, pero el Tribunal desestimó la impugnación y determinó que la jornada se desarrolló en condiciones de “aceptable normalidad”.
Los magistrados señalaron que para anular la elección, las irregularidades deben tener un impacto significativo en el resultado y no había ocurrido, pues los 206 incidentes representaron apenas el 0.47% de las 4,986 casillas instaladas.
Mientras que de las 23 casillas donde se suspendió la votación, seis fueron por riesgo de violencia y 16 por robo o destrucción de material electoral.
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Entre los incidentes reportados, destaca el ocurrido en el Ejido Goros Dos, en Ahome, donde sujetos encapuchados irrumpieron en una casilla para robar urnas y documentación electoral. En otra casilla del mismo municipio, funcionarios se fueron por miedo, amenazas y reportes de robos en la zona, lo que obligó a trasladar el material electoral a oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Finalmente, las denuncias por violencia no escalaron a instancias federales, el proceso sí fue revisado por el INE pero por un presunto rebase de gastos de campaña de Rubén Rocha Moya. Sin embargo, el órgano electoral determinó que el monto no era suficiente para anular los comicios, criterio que posteriormente fue respaldado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Con información de El Universal/ 24 horas.