Ciudad de México , )mayo 1 2026).- Las autoridades de los Estados Unidos investigan una serie de depósitos por alrededor de 240 millones de pesos entre la empresa del ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y la empresa Constructora Chocosa SA de CV, propiedad de los hijos de Rubén Rocha Moya.
Enrique Díaz Vega es el tercer acusado en la denuncia que el 23 de abril presentó el Departamento de Justicia de ese país en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el ex gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales.
Una red de transferencias millonarias, contratos públicos y vínculos empresariales conecta al círculo más cercano del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, con uno de los ex funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por colaborar con la facción de “Los Chapitos”.
Documentos y reportes revisados por XPECTRO FM en la investigación La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya, apuntan a que, entre los años 2021 al 2023, la empresa Housesin Desarrollos SA de CV de la que Díaz Vega es propietario, transfirió cerca de 240 millones de pesos a Constructora Chocosa S.A. de C.V., firma fundada por los hijos del mandatario estatal.
La operación, por su monto y contexto, abre interrogantes sobre el origen, destino y justificación de los recursos.
La relación no es aislada. Constructora Chocosa, creada en 2009 por los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, comenzó a recibir contratos públicos un año después, en un periodo en el que su padre ocupaba un cargo estratégico dentro del gobierno estatal.
Entre 2010 y 2018, la empresa acumuló adjudicaciones por lo menos de 64 millones de pesos.
Posteriormente, los vínculos empresariales se entrelazaron aún más: uno de los socios originales de Chocosa pasó a colaborar con Housesin Desarrollos, consolidando un circuito de relaciones entre empresas privadas y actores públicos que hoy están bajo la lupa.
Durante la gestión de Díaz Vega al frente de las finanzas estatales (2021–2024), ambas compañías fueron señaladas en investigaciones periodísticas y por organizaciones civiles por presuntos conflictos de interés y posibles esquemas de nepotismo.
En ese mismo periodo se concretaron las transferencias millonarias que ahora adquieren nueva relevancia a la luz de las acusaciones en Estados Unidos.
La denuncia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo señala a Díaz Vega, sino que coloca en el mismo expediente al gobernador Rocha Moya y a otros funcionarios de alto nivel, incluido el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos” para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia ese país.
En ese contexto, las transferencias entre empresas vinculadas al entorno familiar del gobernador y un funcionario ahora acusado por autoridades extranjeras adquieren un peso político y judicial significativo.
La coincidencia entre relaciones comerciales, asignación de contratos públicos y señalamientos por crimen organizado perfila un posible entramado que trasciende lo administrativo y que podría alcanzar a los cuatro hijos de Rubén Rocha Moya.
Hasta ahora, ni el gobierno de Sinaloa ni los señalados han ofrecido una explicación detallada sobre la naturaleza de estas operaciones financieras.
El caso se encuentra en fase inicial dentro del proceso de cooperación internacional: tras la solicitud de detenciones provisionales con fines de extradición, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo para presentar las pruebas formales ante el Estado mexicano, que deberá determinar si procede o no contra los implicados.
Mientras tanto, las cifras, los nombres y las conexiones delinean un patrón que apunta a una pregunta central: si los recursos públicos y las redes empresariales fueron utilizados para algo más que negocios legítimos.
Enrique Alfonso Díaz Vega vs Gobierno de Estados Unidos
De acuerdo a las leyes de Estados Unidos el ayudar a mover dinero de un acusado de narcotráfico puede implicar delitos como lavado de dinero, con una pena de has 20 años de prisión.
Las transferencias realizadas a Chocosa SA de CV por parte del ex funcionario Díaz Vega desde el gobierno a su empresa y luego a la de los hijos de Rocha Moya, ponen en la red de colaboradores a una organización etiquetada como terrorista, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En caso de proceder y ampliar la denuncia contra los hijos del gobernador con licencia los posibles cargos serían Transacciones Ilícitas con pena de 10 años de prisión; Conspiración con pena de hasta 20 años, además de multas de hasta 500 mil dólares y decomisos de bienes.
En los Estados Unidos, ayudar a mover, ocultar o transferir dinero de una persona vinculada al narcotráfico no se procesa como una simple “ayuda”, sino como delitos federales graves, principalmente lavado de dinero y, en algunos casos, conspiración o facilitación del narcotráfico.
En los Estados Unidos basta que alguien sepa, o tenga duda razonable, que el dinero manejado proviene de actividades ilícitas y aún así transfiera, oculte, mueva dinero entre cuenta o países para facilitar la actividad criminal.
No es necesario pertenecer a un grupo delincuencial o ser considerado narcotraficante, un tercero (amigo, contador, empresario, prestanombres), puede ser acusado si participa en la operación financiera por aquellos a los que se les abre un proceso penal con la justicia estadounidense.
En este caso, las empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya, podrían de esa forma ser objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al tener un vínculo directo con Enrique Alfonso Díaz Vega.
XPECTRO FM