Cd. de México (24 marzo 2026).- Tras más de tres horas de discusión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa de reforma electoral enviada por la titular del Ejecutivo federal, conocida como “Plan B”. El dictamen avanza en medio de críticas de la oposición, que advierte riesgos para la equidad en la contienda.
Foto: Gaceta UNAM
El punto más controvertido fue la propuesta de adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027, para hacerla coincidir con el proceso electoral intermedio. Legisladores opositores sostienen que esto permitiría a la presidenta incidir políticamente en los comicios.
El senador Luis Donaldo Colosio cuestionó la medida al señalar que: “esto, perdón, pero por más que nos lo quieran vender como un ejercicio democrático no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda…”, al advertir que el uso de la investidura presidencial podría influir en el resultado.
En el mismo sentido, la senadora Alejandra Barrales, afirmó que la iniciativa “no aborda los verdaderos problemas de nuestras elecciones” y acusó que el objetivo es que “la presidenta participe abiertamente para favorecer a Morena en las próximas elecciones del 2027”.
También señaló la ausencia de medidas frente a la intervención del crimen organizado y el uso de recursos públicos.
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Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo: “Son los narcos, los huachicoleros, los criminales los que hoy están fondeando campañas… y eso no lo atiende la reforma”, al insistir en que no se combate el financiamiento ilícito en la política.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya denunció una presunta intromisión del Ejecutivo en otros poderes y niveles de gobierno, particularmente en materia presupuestal, al cuestionar la reducción de recursos al Senado.
A su vez, Carolina Viggiano, advirtió que la reforma permitiría a la persona sujeta a revocación promover el voto a su favor, lo que —dijo— generaría una contienda desigual: “Una campaña con un solo competidor no es consulta ciudadana, es un acto de propaganda gubernamental”.
El dictamen aún deberá ser discutido y votado por el pleno del Senado.
Ángel Gallegos