Cd. de México (10 julio 2025).- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Materia de Extorsión, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, recalcó que la iniciativa, por tratarse de una reforma a la Constitución, será discutida en el Senado a partir del 1 de septiembre.
La iniciativa del Ejecutivo Federal busca convertir a la extorsión en un delito de competencia nacional, dado su crecimiento acelerado y su impacto tanto en víctimas directas como en la estabilidad social y económica del país.
¿Qué plantea la reforma?
La iniciativa del Ejecutivo propone adicionar el delito de extorsión al catálogo de materias en las que el Congreso tiene facultad para legislar a nivel nacional, al igual que ya ocurre con temas como secuestro o trata de personas.
De manera específica, la reforma al artículo 73 permitiría al Congreso expedir una ley general que homologue en todo el país tanto el tipo penal de extorsión -es decir, su definición jurídica-; así como las penas aplicables, independientemente del estado donde se cometa.
Además, de acuerdo con los artículos transitorios del proyecto, el Congreso deberá aprobar dicha ley general dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
Respuesta ante el avance de la delincuencia
En su exposición de motivos el Ejecutivo argumenta que esta reforma es necesaria para garantizar una respuesta más eficaz a un delito que ha evolucionado rápidamente mediante el uso de tecnologías, medios electrónicos y modalidades que no requieren contacto directo entre el agresor y la víctima.
De hecho, la propuesta considera que esta ley general es indispensable para desarrollar tres de los cuatro ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública:
1. Prevención del delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno.
2. Colaboración interinstitucional, con énfasis en tecnologías, sistemas e inteligencia informática.
3. Coordinación operativa, a través de atribuciones comunes para investigar, perseguir y sancionar este delito.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, en 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión en México.
A su vez, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que la incidencia diaria pasó de 18.89 extorsiones en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
Cuatro entidades concentran el 61.8% de las víctimas: Estado de México (33.1%); Guanajuato; Veracruz; y Nuevo León.
Preocupaciones por derechos humanos y privacidad
Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por diversos sectores políticos por su intención de enfrentar una forma de criminalidad en aumento, organizaciones civiles y legisladores de oposición han advertido sobre potenciales riesgos en su implementación:
• Vigilancia sin control judicial: el uso intensivo de tecnología e inteligencia digital para investigar extorsión podría traducirse en intervenciones telefónicas, geolocalización o acceso a datos personales sin garantías adecuadas.
• Centralización de datos sensibles: una eventual base nacional de víctimas, agresores o patrones delictivos podría carecer de mecanismos sólidos de protección de datos.
• Criminalización arbitraria: si el tipo penal no se define con precisión, podría abrir la puerta a detenciones injustificadas o acusaciones sin sustento, especialmente contra personas jóvenes o en situación de pobreza.
Ángel Gallegos