Cd. de México (28 junio 2025).- En medio de fuertes críticas de organizaciones ciudadanas y senadores de oposición por los peligros que representa para la privacidad de la población, las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este sábado el dictamen que da vida a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, mejor conocida como la “Ley Espía”.
Se trata, a decir de los senadores del oficialismo, de una pieza central de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030 que busca consolidar un nuevo modelo de seguridad basado en la inteligencia estratégica.
Sin embargo, sectores de la oposición, académicos y defensores de derechos humanos han encendido las alertas porque -consideran- la ley permitiría un acceso sin restricciones a datos personales, sin requerir autorización judicial previa.
Senadores del PRI y del PAN advirtieron que se trata de dar paso a un sistema de vigilancia masiva y opaco.
El artículo 12 del dictamen es uno de los puntos más polémicos. En su fracción tercera, faculta a la Secretaría de Seguridad para solicitar bases de datos personales —incluyendo información biométrica, fiscal, de salud, patrimonial, de comunicaciones y más— sin la necesidad de una orden judicial. Esta disposición ha sido calificada por el senador panista Gustavo Sánchez como el primer paso hacia “una vigilancia permanente sobre la población”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales subrayó que la ley “invade la privacidad de los ciudadanos mientras blinda al poder público con mecanismos de opacidad”.
Según explicó la emecista, la norma invierte las lógicas democráticas: expone a la población al escrutinio del Estado, pero otorga al gobierno herramientas para ocultar su actuar.
“Esta ley crea un Estado fisgón, autoritario y militarizado. Es una dictadura perfecta disfrazada de modernización. Nuestra vida privada es un derecho sagrado que ninguna ley autoritaria debe violar”, coincidió el priista Miguel Riquelme.
Desde la bancada oficialista, sin embargo, se dijo que las reformas son un paso necesario para combatir al crimen.
El senador Manuel Huerta afirmó que la intención es “acabar con el Estado espía heredado del pasado y construir un Estado protector”.
El morenista aseguró que la norma apunta a investigar a quienes lucran con la violencia, no a ciudadanos comunes.
Pero las garantías siguen siendo inciertas. Aunque el dictamen afirma que se incorporarán mecanismos de control interno y externo, en los hechos no queda claro qué instancias supervisarán el uso de esta información ni cómo se protegerán los derechos de los ciudadanos frente a abusos.
Según el senador Manuel Añorve “lo que están aprobando es un Big Brother del bienestar sin garantías para la ciudadanía”.
Expertos han advertido que el enfoque de inteligencia propuesto podría llevar al Estado mexicano a operar al estilo de regímenes que privilegian el control y la vigilancia sobre las libertades individuales, erosionando los principios básicos de privacidad y presunción de inocencia.
Los cuatro ejes de la Estrategia de Seguridad incluyen la atención a causas sociales, la consolidación de la Guardia Nacional bajo la SEDENA, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación plena con entidades locales. No obstante, el verdadero debate gira en torno a los límites del poder estatal sobre los datos personales y la falta de contrapesos.
La aprobación del dictamen abre un nuevo capítulo en la política de seguridad mexicana, pero los legisladores de oposición advierten que quedan muchas preocupaciones sobre el respeto a la privacidad, la transparencia y el equilibrio de poderes en un país que aún arrastra las heridas del espionaje gubernamental del pasado.
Ángel Gallegos