Cd. de México (24 junio 2025).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor de Morena, Partido Verde y del Trabajo, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional, modificando ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que elementos en activo asuman tareas de seguridad pública y defensa, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
En contra hubo 132 votos de diputados de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, cifra insuficiente para rechazar lo que calificaron como “una ley espía” y la militarización de la seguridad pública en México.
Legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que perfilaban la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.
La propuesta fue enviada, el pasado 9 de junio por la presidenta Sheinbaum a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a San Lázaro, dos días después. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja la dictaminó el 18 de junio.
El presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Julio César Moreno Rivera, aseguró que con la iniciativa que envió la presidenta Sheinbaum “los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente”.
“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley”, destacó el morenista.
En tanto, la diputada del PAN, Margarita Zavala, acusó a Morena y sus aliados de “esconder” la nueva Ley de la Guardia Nacional a los mandos del Ejército Mexicano, ya que el paquete de reformas enviado por Sheinbaum al Congreso de la Unión, no fue turnado a la Comisión de Defensa de la Guardia Nacional, sino solamente a la Comisión de Justicia de San Lázaro, “razón suficiente para invalidar el proceso legislativo”.
A su vez, la diputada del PRI, Abigail Arredondo, consideró que la participación de elementos de la Guardia Nacional en elecciones de corte política, abre la posibilidad de un golpe de Estado militar en México.
La iniciativa contempla que la Guardia Nacional estaría integrada por personal militar con formación policial, mientras que su titular, con jerarquía de General de División, sería nombrado por el presidente de la República en turno, y propuesto por el titular de Sedena.
El personal se sujetaría a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, y actuaría en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.
La reforma también autorizó que, bajo la conducción del Ministerio Público, la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, así como verificaciones para la prevención de infracciones.
Además, la iniciativa facultó a la Guardia Nacional, solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas privadas, previa autorización de un juez.
“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, planteó el dictamen.
Asimismo, según el artículo 44 de la nueva Ley, se permitiría que los integrantes de la Guardia Nacional pudieran solicitar una “licencia especial”, para contender por cargos de elección popular.
“La licencia especial es la que concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional para desempeñar cargos de elección popular”, apunta la iniciativa presidencial.
Además, dicho artículo permitiría a los integrantes de la Guardia Nacional desempeñar actividades o empleos civiles en instituciones del Poder Ejecutivo Federal, en los gobiernos de los estados, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal.
La nueva ley dotó a la Guardia Nacional de facultades para revisar documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.
“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, señaló el proyecto.
Agencias