Cd. de México (11 marzo 2025).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la reforma judicial compromete la independencia y autonomía del Poder Judicial, pilares fundamentales del Estado de Derecho y requisito para garantizar la certeza jurídica en México.
Aunque busca mayor democratización y transparencia, el sector patronal indicó que la implementación de la reforma judicial enfrenta dificultades legales, presupuestales y operativas que cuestionan su efectividad y legitimidad.
A cuatro meses de su publicación, dijo que se han presentado 798 amparos. Y manifestó que las contradicciones entre jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han causado clima de inseguridad jurídica que afecta la confianza en las instituciones y dificulta la organización del proceso electoral.
Definió como un reto la creación de Comités de Evaluación, encargados de depurar y seleccionar a los candidatos por insaculación. Sin embargo, la ausencia de un marco normativo ha dejado a sus integrantes sin lineamientos para evaluar los listados.
Explicó que el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros en los estados votará por integrantes del Poder Judicial, donde cada ciudadano recibirá al menos seis boletas electorales, con un tiempo estimado de votación de nueve minutos y quince segundos por persona.
En cambio, en 17 entidades también se renovarán poderes judiciales locales; sin tomar en cuenta los casos de Veracruz y Durango, que renovarán las presidencias, sindicaturas y regidurías.
Según la Confederación, hay irregularidades para la elección judicial, por cambios sin justificación en las listas de candidatos enviadas por el Senado de la República al INE.
A estas inconsistencias, suma los cambios en el número total de aspirantes, omisión de datos clave para la fiscalización y errores en información personal, como fechas de nacimiento incorrectas y registros sin CURP o clave de elector; aunado al hecho que no estaban incluidas las tres Ministras en los listados, según las reglas establecidas en el decreto de la reforma judicial.
También consideró que la implementación de la reforma judicial causó una crisis dentro del Poder Judicial; ya que jueces de distrito emitieron suspensiones provisionales en contra, pero se generó un choque entre las decisiones de juzgados de distrito y el Tribunal Electoral.
Ya que mientras algunos jueces ordenaron la suspensión del proceso, el TEPJF determinó que el INE debía ignorar dichas suspensiones y continuar con la organización de la elección. El instituto solicitó una medida de protección provisional para evitar consecuencias legales, pero el Tribunal insistió en la necesidad de seguir adelante con la organización de la elección.
La Coparmex insistió en que el clima de inseguridad jurídica de la reforma judicial es un riesgo significativo para la inversión nacional e internacional. Según el Índice de Estado de Derechos del World Justice Project (WJP), la politización del Poder Judicial afecta la confianza de inversionistas.
Al comprometer la imparcialidad en la impartición de justicia, el clima de desconfianza impactaría negativamente en la inversión y crecimiento económico.
La falta de recursos del proceso electoral sería otro punto crítico. El INE solicitó un presupuesto de 17 mil mdp para organizar los comicios, y solo se aprobaron 13 mil 476 millones, obligando al INE a buscar una ampliación presupuestaria de mil 511 mdp para cubrir la contratación de personal y garantizar el desarrollo de la elección.
Intromisión de Senado subordina al Poder Judicial con intereses partidistas
Según la Coparmex, la intromisión del Senado de la República en la selección de jueces representa una violación a la Constitución y la subordinación del Poder Judicial a intereses partidistas. Sin un sistema de justicia sólido e independiente, no es posible garantizar la seguridad jurídica que requieren las empresas para operar y crecer.
En cambio, destacó que la iniciativa de Reforma Judicial de Jalisco coloca a la justicia en el centro de su agenda pública, pues busca fortalecer la independencia del Poder Judicial con mecanismos que mejoren la evaluación y selección de jueces y magistrados.
Con la creación de la Escuela de Formación del Poder Judicial del Estado y la transformación del sistema de nombramiento de personas juzgadoras, se garantizará que el acceso a la carrera judicial sea basado en méritos y conocimientos.
También consideró que dicha propuesta busca impulsar la justicia digital y abierta, con un enfoque en el uso de herramientas tecnológicas.
Finalmente, la Coparmex se alistó como observador y vigilante para documentar, describir, testificar y señalar los aciertos y errores de lo que será la primera elección de personas juzgadoras a nivel federal, y de juzgadores a nivel local en 17 entidades federativas.
Apuntó que su labor no será de promoción del voto. Y llamó a los sectores sociales a defender la independencia del Poder Judicial.
Redacción