Playa del Carmen (15 febrero 2025).- El secuestro del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán por un grupo armado, ocurrido el pasado 20 de noviembre, en Quintana Roo, exhibió a la Fiscalía Estatal de entorpecer el esclarecimiento de transferencias bancarias por al menos 360 millones de pesos de sus cuentas, efectuadas desde Playa del Carmen por una presunta célula del crimen organizado.
Vizcarra Millán, obtuvo contratos millonarios de Pemex durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, vía la firma Perfolat de México.
Mantuvo una cercana relación y de negocios con Amilcar Olan Aparicio, amigo cercano de Andrés López Beltrán, con quién realizó la compra venta de valiosos terrenos en la capital tabasqueña.
Fue secuestrado el pasado 20 de noviembre del 2024, por un comando armado que irrumpió en el exclusivo fraccionamiento Allegranza de Playa del Carmen, donde residía, junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad.
Según relataron sus hijos, todos fueron retenidos en la misma vivienda, sin que nadie supuestamente se percatara de la emergencia. Por cuatro días, el empresario y su esposa sufrieron actos de extrema violencia.
Torturado a la vista de su familia, el empresario fue obligado a ordenar a la gerencia de una de sus empresas de Tabasco para hacer transferencias bancarias a 10 empresas desconocidas, cuya suma total fue de 360 millones 888 mil 667 pesos, según informó Proceso.
Entre las empresas beneficiadas con esta presunta ilegalidad sobresale Desarrollo 1540, sociedad mercantil que en 2020 fue acusada de retrasos en la entrega de departamentos de lujo en un edificio que se construyó en el centro de Playa del Carmen.
Al quinto día ambos fueron llevados aparentemente a Cancún en una camioneta Honda, de su propiedad, que fue encontrada después en la colonia Villas Otoch, cerca del centro de retención municipal conocido como “El Torito”.
Desde entonces no se supo del paradero de Luis Carlos Vizcarra Millán y su pareja.
Investigación entorpecida
En las investigaciones se ha exhibido el entorpecimiento de la Fiscalía de Quintana Roo, pues en vez de nombrar como ofendidos a familiares, inició una campaña de persecución orientada a crear “chivos expiatorios”.
El 26 de noviembre, la familia de Vizcarra Millán confirmó la desaparición del empresario, pero en la averiguación penal no sólo se busca esclarecer el paradero de las víctimas, sino el destino de más de 360 millones de pesos transferidos a las empresas desconocidas.
Un reporte de la policía de Cancún indicó el hallazgo del vehículo Honda con un número de teléfono en el interior, utilizado para comunicarse con la familia. Esa fue una de tantas irregularidades, pues nunca se exhibió el número encontrado en la unidad.
Según sospechas de familiares asentadas en documentos ministeriales de la FGR, la Fiscalía de Quintana Roo ya contaba con tal número.
Ese 26 de noviembre, familiares acudieron a la casa del empresario tras un mensaje de vecinos señalando las puertas abiertas de su casa, ya que los familiares no sabían que había ocurrido el plagio. Localizaron a los hijos encerrados en una recámara.
El caso se integró con carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UPD/11/373/2024, conocido como el “caso petrolero”.
Pero la denominación del expediente levantó sospechas contra la Fiscalía de Quintana Roo, pues los agentes ministeriales ya sabían de los negocios a los que se dedicaba la víctima, cuando la familia aún no había brindado tal información.
En este caso ha salido a relucir la colaboración de la Fiscalía de Tabasco, pues fue en esa entidad donde se realizaron las transferencias bancarias, ordenadas siempre desde Playa del Carmen por Vizcarra Millán cuando se encontraba en cautiverio.
Carlos Vizcarra Ortiz, hijo mayor de edad de la víctima, se encontraba en Mérida, Yucatán, cuando ocurrió el secuestro, y ahora se sumó a las tareas de investigación. Pero ha sido llamado a través de intermediarios, a una entrevista ante la Fiscalía de Tabasco ordenada por la Fiscalía de Quintana Roo.
Vizcarra Ortíz solicitó a la Fiscalía de Quintana Roo que lo reconozca como ofendido, calidad que le corresponde ante la desaparición de su padre.
La Fiscalía de Quintana Roo, mediante la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, a cargo de Emanuel González Juan, se negó a dar ese reconocimiento legal.
La Fiscalía insistió en la presentación del hijo ante la representación social para una entrevista, pero Carlos Vizcarra sospechó que era para detenerlo y fabricar pruebas para inculparlo.
En su lugar buscó enviar la entrevista escrita, y la expuso luego ante la FGR:
“Abiertamente indiqué al licenciado Emanuel que parecía que tenía línea y esa era la razón por la cual no me recibía los escritos, y no contestó; le pedí que me diera en ese momento
recibía los escritos, y no contestó; le pedí que me diera en ese momento los citatorios y se negó.”
Tras estos hechos de integración del expediente, Carlos Vizcarra, junto a otro de sus hermanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso, en diciembre, y pidió que la Fiscalía de Quintana Roo se abstuviera de continuar con las pesquisas.
Además de la situación de entorpecimiento en la investigación, señaló que sólo buscaban hacerse de los tokens con los que se ejecutaron las transferencias millonarias.
A finales de diciembre, la FGR atrajo el caso e integró una carpeta de investigación a cargo de la Unidad Combate al Delito de Secuestro de la Policía Federal Ministerial.
Este órgano ya solicitó diversos informes a la Fiscalía de Quintana Roo, pues se presume que detrás del secuestro y la sustracción millonaria de dinero, se encuentra el crimen organizado que opera en Playa del Carmen.
Nuevas investigaciones presumen que también podría estar involucrados altos funcionarios y políticos relacionados con el Fiscal de Quintana Roo, Raciel López, aunque esta investigación que consta en documentos oficiales de autoridades federales no pudo ser ampliados ni confirmados de manera oficial.
Asimismo, se presentaron denuncias por la mala actuación de la fiscalía local ante su órgano interno de control y quejas dirigidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, según documentos consultados.
Ante la posibilidad de que la Fiscalía de Quintana Roo ejecutara actos discrecionales de detención contra Carlos Vizcarra (hijo), éste tramitó un amparo contra la privación de su libertad.
El Juzgado Tercero de Distrito de Cancún otorgó en su momento una suspensión provisional contra cualquier acto de la autoridad en su contra, de acuerdo con el expediente 1262/2024 del amparo interpuesto. Las diversas autoridades señaladas como responsables, tanto en Quintana Roo como en Tabasco, han negado tener alguna orden de detención contra el quejoso.
Sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado respuesta a los informes dentro del juicio de garantías, según el equipo jurídico que asesora a Carlos Vizcarra, por lo que crece la sospecha de una probable detención arbitraria.
La semana entrante se cumplirán tres meses del caso que las autoridades locales ministeriales han manejado con total sigilo.
El equipo jurídico de Carlos Vizcarra asegura que ya informaron de la grave situación a Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo; sin embargo, tampoco han tenido respuesta.
En Playa del Carmen, donde ocurrió el secuestro del empresario y su pareja, la alcaldesa, Estefanía Mercado Asencio, pactó en agosto de 2024 con el fiscal, antes de su toma de posesión, un acuerdo de cero impunidades en un intento de reducir los niveles de violencia, la cual no cesa desde hace dos administraciones municipales.
A tres meses del secuestro de Vizcarra Millán, la familia sigue sin respuestas, su pareja también fue víctima de violencia antes de ser trasladada junto con él a un destino incierto.
Las autoridades estatales han sido cuestionadas por su actuación en el caso.
Documentos revelan que la Fiscalía de Tabasco también está involucrada, ya que las millonarias transferencias se hicieron desde esa entidad. Por ello, la familia de Vizcarra Millán denunció que ambas Fiscalías estatales han entorpecido el caso y buscan desviar la atención de los responsables reales.
Con los delincuentes presuntamente identificados y la FGR a cargo de la investigación, los familiares exigen justicia y la localización del empresario.
Agencias