Cd. de México (23 octubre 2024).- Un grupo de 50 académicos en derecho de diferentes universidades hispanoamericanas presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una opinión técnica conocida como “amiga de la Corte” o amicus curia donde ofrecen argumentos contra la controvertida reforma judicial recientemente decretada, tras su aprobación por el Legislativo a iniciativa del Gobierno.
En el escrito, un informe presentado por partes ajenas a un litigio, pero con interés en la materia, como define el propio tribunal, los especialistas argumentan que “es el momento apropiado” para que la SCJN aborde el control judicial de las reformas constitucionales, es decir, de examinar la validez de estas por motivos de forma o fondo.
Plantearon la necesidad de que la Corte haga efectivo un control judicial a los procedimientos de los órganos con facultades para reformar la Constitución, y que en este caso tendría que hacerlo a partir de una “presunción de inconstitucionalidad”.
En el análisis se comparan casos de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú, donde las cortes constitucionales de esos países ejercieron control de constitucionalidad de varias reformas.
Por ejemplo, los investigadores plantean que algunos de los cambios de la reforma de México no ofrecen “suficientes garantías de independencia, imparcialidad, capacidad e integridad profesional” en el Poder Judicial, por lo que son “mucho más radicales y definitivos” que algunos cambios que en Colombia la Corte Constitucional ha invalidado “por considerar que no reforman sino que sustituyen la Constitución”.
La SCJN aprobó el 3 de octubre revisar la reforma al Poder Judicial, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre.
Por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno del máximo tribunal admitió el análisis de constitucionalidad solicitado por un grupo de jueces y magistrados, cargos que bajo esta reforma podrán ser electos por voto popular a partir de 2025. El proyecto aprobado argumenta que la Corte tiene el mandato de “velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura federal”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desestimado esta revisión, por considerar que “no tiene sustento” y que la reforma judicial no peligra.
Con información de CNN