Cd. de México (16 septiembre 2024).- El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, afirmó que la reforma al Poder Judicial “enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”.
“Estas palabras están escritas a la luz de la historia de México y los avances logrados hasta hace unos años en materia de democracia y justicia. Estoy consciente de que la reacción del presidente será, como siempre ante quien disiente, critica o piensa distinto a él, la calumnia, el insulto y la amenaza”, recalcó en una conferencia de la Barra Internacional de Abogados (IBA).
“Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar, y ha sido ratificado por una mayoría de Legislaturas estatales, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y, con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”, agregó el ex mandatario nacional.
Recordó que las reformas electoral y judicial, impulsadas en su administración, a través de la existencia de contrapesos, en cambio, aseguró que ahora el Ejecutivo ha sido implacable, no sólo cuestionando los fallos de jueces y ministros cuando no se han alineado con sus preferencias, sino también al insultar al Poder Judicial como institución y a los ministros en lo individual.
Y agregó que la frustración del presidente al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: “la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”, dijo el exmandatario nacional.
Dijo que la propuesta de López Obrador no tiene nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia. No sirve porque esta reforma no cumple con lo que debe existir en toda democracia: igualdad ante la ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia, capacidad de respuesta, transparencia, debido proceso y proporcionalidad.
“Es claro que la reforma no tiene qué ver con la búsqueda de justicia, pues no aborda las deficiencias institucionales que han provocado la actual crisis en la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas de la delincuencia, la violencia, las autoridades abusivas y corruptas”, insistió.
Es previsible que habrá jueces y magistrados que obedezcan, no a la ley, sino al poder político dominante; este riesgo se verá agrandado porque el nuevo régimen dispondrá también de los medios para castigar a los “desobedientes”.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) será suprimido, pese a que fue creado para garantizar la independencia de la gobernanza interna del Poder Judicial, y crear y gestionar la carrera judicial profesional. Su desaparición echará por tierra tres décadas de construcción institucional en este ámbito crítico para la democracia y el Estado de derecho.
Detalló que “ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad, no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía”.
En tanto, la ministra Norma Lucía Piña Hernandez, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue reconocida por su defensa a la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho en México.
Piña reiteró que la justicia no solo era cuestión de leyes y tribunales, sino del actuar de todos los órdenes de Gobierno; y, admitió que se requiere una reforma integral que fortaleciera a todo el sistema de justicia.
López Obrador, acompañado de Claudia Sheinbaum, firmó el pasado15 de septiembre de 2024, el decreto para la publicación de la reforma judicial, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico, se tiene que publicar. Ya fue aprobada en la Cámara de diputados, en la Cámara de senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma Constitución lo exige”, indicó el mandatario en un video en redes sociales
Según el régimen transitorio, este lunes 16 de septiembre de 2024 iniciaría el proceso electoral extraordinario 2024-2025, para elegir a la totalidad de los ministros de la SCJN, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la elección, a realizarse el primer domingo de junio de 2025, también serían votados los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito, así como los jueces de distrito.
A partir de este 16 de septiembre de 2024, el Senado tendría un plazo de 30 días naturales para emitir la convocatoria e integrar los listados de las personas candidatas que participarían en la elección, que serían propuestos por los tres poderes de la Unión.
Tras la publicación en el DOF, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) debería emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso extraordinario del 2025.
La etapa de preparación de la elección extraordinaria iniciaría con la primera sesión del Consejo General del INE, que tendría que celebrarse dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor de dicho decreto.
Asimismo, el Congreso de la Unión tendría un plazo de 90 días naturales para realizar las reformas a las leyes secundarias y los estados un plazo de 180 días naturales, el doble, para realizar las adecuaciones constitucionales.
Con información de Semanario Zeta