Ciudad de México, México (24 de Septiembre del 2020).- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México confían en que los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado, en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país, sean detenciones de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello.

Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas, dijo a AP Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, agregó, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.

A su juicio, “no hay duda de que eran parte del esquema” criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los muchachos.

La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las fuerzas armadas.

“Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance” y esas detenciones lo serían, comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes y que fue notificado en julio del hallazgo de un fragmento de un hueso del pie de su hijo, Christian Alfonso.

Según Rodríguez, la identificación de un resto de dos gramos no responde a la pregunta clave de qué pasó con los 43 estudiantes aunque sí la considera un avance y una nueva confirmación de la falsedad de la versión que les dio el anterior gobierno.

La considerada “verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad del sureño estado de Guerrero y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.

En ese río se localizó un hueso que fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero un grupo de expertos internacionales independientes no pudieron comprobar cómo llegó ahí y denunciaron multitud de irregularidades en el proceso, obstrucción a la justicia de autoridades locales, estatales y federales y que acusados clave fueron torturados, algo que luego la ONU ratificó. La propia justicia mexicana ordenó en 2018 la reposición de todo el proceso porque la fiscalía federal no había sido imparcial.

La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas -como en la que se halló el resto de Rodríguez, la segunda identificación plena- y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.

Entre los prófugos sigue el entonces responsable de la oficina de investigación de la fiscalía, Tomás Zerón, presunto artífice de la “verdad histórica”. Asimismo, decenas del centenar de detenidos por el caso, incluidos sospechosos clave, fueron liberados debido a la irregularidad en el proceso, lo que indignó a las familias.

Entre las preocupaciones expresadas por el director del Centro Prodh, destaca el que nuevas declaraciones de testigos protegidos puedan configurar una nueva narrativa basada en testimonios y no en pruebas, algo que siempre criticaron.

Confió en que entre los próximos restos óseos que se manden a la universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación, no sólo se incluyan fragmentos hallados en búsquedas recientes sino otros encontrados en 2016 que las autoridades de entonces descartaron que fueran de los estudiantes sin hacer ningún contraste de ADN y que están en poder de la fiscalía.

Tanto esos fragmentos más antiguos como los recientes fueron encontrados en distintos puntos de una misma zona conocida como “la carnicería”, de donde salió el hueso de Christian Alfonso Rodríguez.

Qué motivó el ataque contra los estudiantes sigue siendo una incógnita pero Aguirre asegura que “el móvil está vinculado a la toma de autobuses” que intentaron hacer los jóvenes esa noche.

Una práctica habitual de los estudiantes de las escuelas de magisterio rurales de México es ‘confiscar’ temporalmente autobuses que usan para acudir a manifestaciones y luego devuelven. El problema es que en Iguala esos vehículos eran utilizados por el cártel local para traficar heroína hasta Chicago con la aparente protección de autoridades.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corderó, adelantó el miércoles que lo logrado por este gobierno arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche y el presidente prometió un informe muy detallado pero las familias siguen preguntándose en mítines, protestas y manifestaciones dónde están sus hijos.

AP Noticias